FoodCorp Chile, matriz del grupo noruego Austevoll Seafood y con operaciones en la Región del Biobío, informó que iniciará acciones legales contra el Estado por la Ley de Fraccionamiento Pesquero, tras estimar pérdidas superiores a US$100 millones.
La compañía argumenta que la normativa, aprobada por el Congreso durante la administración del presidente Gabriel Boric y que comenzó a implementarse este año, redujo sus cuotas de pesca y terminó anticipadamente asignaciones que estaban vigentes hasta 2032. En su comunicado dijo que esa reasignación afecta inversiones y planificación de largo plazo.
En su explicación, Andrés Daroch Coello, CEO de FoodCorp Chile, señaló que la demanda será presentada con el patrocinio del estudio jurídico Montt y Compañía y que el planteamiento técnico es similar al de otras empresas del sector, como Camanchaca, Landes y Blumar. "Nuestro sector tiene la convicción de que estamos frente a una expropiación encubierta", afirmó Daroch.
La ley redistribuye cuotas entre el sector industrial y el artesanal, y el Ejecutivo defendió la medida como una forma de entregar mayor equidad. Para los grandes procesadores, sin embargo, la lectura es otra: ven pérdida de derechos y cambios en las reglas de juego que afectarán contratos, empleos y acuerdos de abastecimiento.
Históricamente, las cuotas se asignaron en 2012 por periodos de 20 años, renovables, lo que consolidó una planificación de inversiones a largo plazo en la industria. El cambio aprobado ahora rompe esa expectativa de estabilidad, y empresas del rubro consideran que las asignaciones son comparables a concesiones sujetas a protección legal.
Si la vía judicial les da la razón, el Estado podría enfrentar obligaciones de compensación o indemnización, con un impacto fiscal que aún no está calculado públicamente. Para los trabajadores y las economías locales, la disputa plantea incertidumbre sobre empleo y continuidad de contratos en plantas y flotas.
El caso se suma a una arremetida legal más amplia del sector industrial pesquero. A nivel político, la disputa pondrá tensión entre sectores que reclaman reparación por derechos adquiridos y grupos que respaldan la redistribución hacia la pesca artesanal. Los tribunales tendrán ahora la tarea de dirimir si hubo expropiación encubierta o si primó la potestad regulatoria del Estado.
Los próximos pasos serán la presentación formal de la demanda y las respuestas del Ejecutivo. El desenlace definirá no solo el futuro económico de FoodCorp y otras empresas, sino también la claridad de reglas para futuras reformas en el sector pesquero.