El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, unánime, acogió el amparo presentado por la Defensoría Penal Pública y dejó fuera la ampliación de la querella del Ministerio de Seguridad para invocar la Ley de Seguridad del Estado en el caso de las agresiones a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. En la sentencia se explica que el Ministerio de Seguridad Pública no tenía la legitimación activa para presentar esa ampliación, pues la atribución para invocar la LSE, según la normativa, corresponde al Ministerio del Interior y a las delegaciones presidenciales.
De acuerdo con el fallo, la Defensoría Penal Pública pudo impugnar la ampliación y la Corte desestimó la posibilidad de ampliar la querella con la LSE, lo que impide que los imputados enfrenten penas elevadas o posibles prisiones preventivas bajo esa figura. El texto firmado por el ministro Juan Ignacio Correa y las ministras Soledad Piñeiro y Soledad Orellana subraya la inexistencia de una homologación de atribuciones entre Interior y Seguridad Pública para ese fin.
Este fallo ya había sido anticipado por voces de la oposición. El senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, había señalado públicamente que la ministra actuó fuera de sus atribuciones al ampliar la querella. En esa línea, el propio senador Arturo Squella, Republicano, sostuvo que la discusión sobre la LSE debía quedar exclusivamente bajo Interior, una posición que el tribunal ratifica con su resolución.
En el plano político, la sentencia representa un golpe para el gobierno y para la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, al limitar una vía para endurecer las consecuencias penales de los presuntos agresores. En términos históricos, el fallo enfatiza el control institucional sobre el uso de leyes especiales para casos de seguridad pública, tema que ha estado en el radar de legisladores y defensores de derechos ciudadanos desde la creación de la cartera de Seguridad Pública. En ese contexto, el gobierno deberá replantear su estrategia procesal ante casos de este tipo y considerar otras figuras jurídicas disponibles, mientras que la Defensoría Penal Pública refuerza su rol como contrapeso institucional frente a eventuales ampliaciones de querellas.
Se espera que, en las próximas semanas, se tomen decisiones sobre posibles rectificaciones o recursos, y se confirme si la estrategia procesal del Ejecutivo cambia en función de este fallo. El impacto directo para las víctimas y para la ciudadanía es claro: límites a una vía dura de persecución penal que, hasta ahora, permitía ampliar delitos y penas bajo la Ley de Seguridad del Estado.
