La Contraloría General de la República identificó a 7.207 funcionarios públicos que salieron de Chile durante 2025 mientras estaban con licencia médica. El dato aparece en un nuevo informe del organismo fiscalizador.
Según informó T13, el documento advierte "conductas reiteradas". En total, 4.522 personas registraron viajes asociados a licencias en dos de los tres años revisados. Otras 566 lo hicieron en los tres años, entre 2023 y 2025.
El reporte se llama Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26. Es una de las publicaciones con que la Contraloría informa hallazgos que cruzan datos de distintas instituciones. Las fuentes disponibles no detallan la metodología del cruce ni los registros migratorios que usó en esta versión.
La cifra de 2025 es menor que la de los años anteriores. En 2023 la Contraloría detectó 19.963 casos. Para 2024 las fuentes difieren: T13 informa 19.795 casos y otros medios, 19.597. En ambos escenarios, el organismo calcula una baja de 63%.
El precedente es el CIC N° 9, publicado el 20 de mayo de 2025. Ese informe expuso por primera vez a miles de funcionarios que viajaron fuera del país con licencia médica. La Contraloría se comprometió ante el Congreso Nacional a revisar la materia cada año.
El nuevo informe mide qué pasó después de esa publicación. Entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de 2025 se usaron 1.497 licencias médicas eventualmente irregulares para viajar. Eso equivale a una caída de 92% respecto del mismo lapso de 2023 y de 90% frente a 2024.
En ese mismo período, 1.299 servidores públicos salieron del país con licencia. De ellos, 320 ya habían aparecido en las revisiones de 2023 o 2024. Para la Contraloría, esto "evidencia la persistencia de un grupo de funcionarios con comportamiento reiterado".
El análisis excluye a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad que cotizan en Dipreca y Capredena, sus cajas previsionales propias. En ese grupo, el CIC N° 14 detectó 2.982 casos entre 2023 y 2024. El comparativo de 2025 todavía está en elaboración.
El impacto toca a todos los contribuyentes. Cada licencia irregular implica pagar sueldos por días no trabajados y cargar a los equipos que cubren la ausencia. La reducción indica que la exposición pública tuvo efecto. Sin embargo, el núcleo reincidente sigue ahí.
La Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que inicien sumarios disciplinarios. Además, enviará los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. El organismo anunció que seguirá con revisiones y reportes periódicos.
