Una auditoría de la Contraloría General de la República documentó graves deficiencias en plantas de tratamiento de aguas servidas administradas por María Pinto, Isla de Maipo y Melipilla. Según T13, los hallazgos incluyen operaciones sin autorización, falta de monitoreo, infraestructura deteriorada y fallas en coordinación entre organismos públicos.
En María Pinto, tres plantas (La Colonia, San Enrique y Chorombo Bajo) funcionaban sin autorización de la Seremi de Salud Metropolitana. El municipio tampoco había regularizado su administración conforme a la Ley N° 20.998, que regula servicios de agua y alcantarillado en zonas rurales.
El Informe N°110 de 2026 documentó incumplimientos reiterados: descargas con demanda biológica de oxígeno, coliformes fecales, sólidos suspendidos totales y pentaclorofenol por sobre los límites permitidos.
Estas descargas alcanzaban el Estero Puangue, un curso utilizado aguas abajo para riego agrícola. Un informe municipal de 2024 había advertido que microorganismos patógenos presentes en las aguas servidas podían afectar productos destinados al consumo humano y animal. Sin embargo, la Contraloría constató que María Pinto carece de programa de monitoreo periódico para controlar la calidad de sus descargas.
La fiscalización también evidenció falencias en coordinación institucional. La Seremi de Salud Metropolitana no derivó oportunamente antecedentes sobre contaminación a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), mientras que este organismo registró demoras en tramitar denuncias.
En Isla de Maipo, la Planta Gacitúa operaba sin autorización sanitaria. Una inspección detectó agua agregada deliberadamente al sistema para diluir las aguas servidas y alterar resultados de mediciones. También se hallaron conexiones que permitían descargas directas sin tratamiento al Estero Gatica. Sumaban problemas: acumulación de lodos, deterioro de infraestructura y ausencia de registros técnicos.
En Melipilla, la planta de Bollenar funcionaba sin autorización sanitaria. El municipio tampoco estaba inscrito en el Registro de Operadores exigido por la Ley N° 20.998 para administrar servicios sanitarios rurales.
La Contraloría iniciará procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas de funcionarios de María Pinto, la Seremi de Salud Metropolitana, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la SMA. Las municipalidades de Isla de Maipo y Melipilla instruyeron procedimientos internos.
