El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció un paquete de cambios para simplificar el Reglamento que regula los Informes de Mitigación de Impacto Vial, IMIV, con la finalidad de entregar mayor certeza a los desarrolladores y destrabar inversiones en Chile. En la primera mención, se explicó que los IMIV buscan medir y mitigar los efectos que una iniciativa puede generar en el tránsito, y que por ello se han convertido en un punto de fricción para proyectos de inversión.

La iniciativa apunta a modificar el Decreto Supremo N°30 y, según el subsecretario Martín Mackenna, debe ingresar a la Contraloría General de la República en julio. Entre los objetivos está agilizar, desburocratizar y reducir las cargas y demoras que hoy afectan a los proyectos. Lo importante es que las medidas de mitigación que se le exijan sean proporcionales al impacto del proyecto; que no se tengan que hacer cargo de temas previos que tienen los lugares, que en algunos casos terminan haciendo inviables las obras, declaró la autoridad.

Actualmente, más de la mitad de los proyectos que pasan por el MTT exceden los plazos originales, con obras que acumulan más de 400 días esperando una resolución, según cifras que maneja la cartera.

Entre las modificaciones propuestas se adelanta la creación de un mecanismo de “suficiencia” para cambios menores en proyectos ya con IMIV aprobado. Si los ajustes no alteran significativamente los flujos vehiculares, las tasas de generación de viajes, las intersecciones afectadas ni la categoría del proyecto, la autoridad podría certificar que el estudio es suficiente.

El contexto de la iniciativa incluye casos emblemáticos como el fallido proyecto de Cencosud en Vitacura, cuya tramitación quedó frustrada luego de la invalidación del IMIV, y controversias por Mallplaza Los Dominicos y Hijuelas Quilín en Peñalolén. Con estas experiencias en la memoria, el objetivo del MT T es que el proceso sea más predecible y menos costoso para los inversores, sin sacrificar la seguridad vial. El equipo de Mackenna señala que la entrada en Contraloría en julio sería un hito clave para avanzar hacia la implementación de las reformas.

En resumen, la apuesta es que, si se aprueban los cambios, la inversión privada podría moverse con plazos más previsibles y costos asociados menos onerosos, manteniendo criterios de mitigación acorde al tamaño y al impacto real de cada proyecto.