La Contraloría General de la República concluyó que María Trinidad Steinert actuó fuera de sus atribuciones cuando envió un oficio a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) solicitando antecedentes reservados. Pero antes de que ese dictamen se hiciera público, la entonces ministra de Seguridad Pública presentó una extensa defensa donde explicó por qué, a su juicio, no actuar habría sido el verdadero error.

El documento, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBío Chile, revela que Steinert justificó su intervención en el temor a que el traslado de detectives especializados comprometiera una investigación de enorme magnitud: el caso "Clan Chen".

Según describió en su escrito, esa causa involucraba lavado de activos, estafas tipo pig butchering (una modalidad de fraude digital en que los delincuentes establecen contacto con las víctimas para inducirlas a invertir en plataformas falsas), crimen organizado transnacional y un perjuicio estimado en cerca de 300 millones de dólares. La investigación había culminado con más de 70 allanamientos simultáneos en cinco regiones y con 39 imputados a punto de ser formalizados.

Lo que alarmó a la entonces ministra fue una decisión de la superioridad policial: reubicar a los detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Tarapacá justo cuando la causa estaba en su momento más delicado. "La superioridad policial dispuso la remoción masiva (...) un día antes de la formalización, sin explicación", sostuvo en el oficio que dirigió a la entonces contralora Dorothy Pérez.

Para Steinert, mantenerse al margen habría significado tolerar lo que denominó "un desarraigo administrativo abrupto" con consecuencias operacionales graves, considerando además que la investigación tenía dimensiones de cooperación internacional. "La omisión consciente frente a un riesgo evidente para los fines del Estado no es una muestra de 'imparcialidad', sino una transgresión directa a la probidad administrativa", advirtió. Agregó que su pasividad habría constituido "una omisión grave" y un "daño irreparable a la eficacia del servicio".

La Contraloría no compartió ese razonamiento. El dictamen fue categórico: Steinert excedió sus competencias al requerir datos reservados a la PDI, independientemente de las motivaciones detrás del pedido. El fallo fue celebrado por Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, quien había planteado la consulta ante el organismo fiscalizador.

Con el dictamen publicado, la oposición estudia presentar una acusación constitucional contra Steinert. La investigación del caso Clan Chen y el destino judicial de sus 39 imputados continúan su curso mientras la exministra enfrenta las consecuencias políticas de un oficio que la Contraloría declaró ilegal.