La Contraloría General de la República estableció que la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert actuó fuera de sus atribuciones al solicitar datos a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre un oficio reservado. Ante ese dictamen, el diputado Raúl Leiva fue claro este miércoles: jurídicamente, hay base para una acusación constitucional (AC). Políticamente, hay que pensarlo dos veces.
Leiva fue quien presentó el oficio ante la Contraloría que derivó en este resultado. En conversación con T13 Radio, el parlamentario criticó que el fallo "se demoró mucho". Al mismo tiempo, valoró su peso institucional. "No recuerdo que la Contraloría enmiende la plana o señale que un ministro de Estado actuó fuera del marco de sus atribuciones", dijo.
El organismo contralor señaló que la exministra incumplió su deber de abstención y que la información solicitada pudo haber comprometido una investigación penal en curso, al exponer la identidad de los agentes de la operación. Leiva calificó la conducta como "gravísima".
Sin embargo, Leiva trazó una línea entre lo jurídico y lo político. "Desde el punto de vista jurídico, 100%", afirmó al referirse a la viabilidad de una AC. "Desde el punto de vista político, hay que analizarlo", agregó. Para el diputado, el instrumento no puede usarse como represalia: citó el caso del ministro de Economía Nicolás Grau como ejemplo de una acusación constitucional que, a su juicio, derivó hacia la crítica política antes que sostenerse en fundamento jurídico.
El parlamentario impulsa junto a Diego Shalper, de Renovación Nacional (RN), un proyecto de ley que elevaría los requisitos para presentar acusaciones constitucionales. La iniciativa busca, según ambos, evitar que el mecanismo se desvirtúe.
Steinert dejó el cargo antes de que se publicara el dictamen. Leiva reconoció que la investigación contralora "fue un factor que incidió en su desvinculación, en que se le pidiera la renuncia".
