El gobierno confirmó que la ley de reconstrucción y reactivación ingresará esta semana al Congreso para iniciar su tramitación y podría ser analizada por varias comisiones. El texto, elaborado por el Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), consta de 43 medidas, un informe financiero y otro de productividad aún en elaboración, y un articulado de cerca de 100 páginas. La normativa se presentará con urgencia simple para acelerar su revisión y, según el Ejecutivo, avanzar en la agenda de reactivación y empleo.

La Cámara de Diputados se encamina a discutir la iniciativa en general con la expectativa de alcanzar cerca de 78 votos a favor, pese a que sectores como Frente Amplio, el Partido Comunista (PC) y parte de Democracia Cristiana (DC) podrían votar en contra. En ese marco, el jefe de bancada DC, Jorge Díaz, afirmó que la bancada decidió rechazar la idea de legislar y buscar reservas de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que siempre se pueden incorporar indicaciones y ampliar el debate durante el proceso en el Congreso. A su vez, Guillermo Ramírez, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), subrayó que hay espacio para sumar apoyos y que el Gobierno busca sumar a parlamentarios del Socialismo Democrático (SD), PDG y independientes para superar la primera valla.

De fondo, la iniciativa pretende articular una megareforma de reactivación y reconstrucción que, en su contexto histórico, busca activar empleo en regiones y apoyar a pymes mediante medidas articuladas en el articulado. En ese marco, el Gobierno intenta construir apoyos entre bancadas diversas para avanzar, sin perder de vista que el resultado final dependerá de la negociación y de la interpretación constitucional. El camino en el Congreso será lento y requiere acuerdos que suelen diluir o replantear parte de las promesas contenidas en el texto original.

En Chile, este tipo de leyes de reactivación han enfrentado históricos vaivenes en su tramitación, con ganadores y perdedores que se definen en la discusión parlamentaria y con efectos directos en empleo regional, inversión y liquidez de las pymes. El próximo paso será la presentación formal ante la Cámara de Diputados y la definición de indicaciones con las que el Ejecutivo intentará ganar votos y acelerar la implementación de las medidas.