Contexto histórico La reforma apunta a cambiar un régimen laboral con raíces profundas, que rige desde 1974, año en que gobernaba Juan Domingo Perón y que luego continuó con Isabel Perón. En ese contexto, la iniciativa se presenta como una de las mayores modificaciones al derecho laboral argentino desde entonces.
La Cámara de Diputados aprobó la llamada «modernización laboral» con 135 votos a favor y 115 en contra. El paquete reduce el costo del despido al cambiar el cálculo de las indemnizaciones, excluyendo conceptos como vacaciones y sueldo extra si no figuran en la nómina habitual. Además crea un Fondo de Asistencia Laboral, FAL, para pagar indemnizaciones, que según críticos quita financiamiento al sistema de seguridad social. El texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva. El gobierno del presidente argentino Javier Milei impulsó la norma y cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, el organismo multilateral conocido por sus siglas FMI. La aprobación ocurrió en medio de una huelga general y protestas convocadas por la CGT, la principal central sindical argentina. Reacciones La oposición y sindicatos calificaron la reforma de "esclavista". Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda – Partido de los Trabajadores Socialistas, la definió así y denunció la pérdida de derechos para los trabajadores. El oficialismo, con el partido La Libertad Avanza y aliados como el PRO, Propuesta Republicana, y la Unión Cívica Radical, defendió la norma como una modernización para crear empleo. Consecuencias previstas A corto plazo, la ley abarata los despidos y reduce el costo laboral para empleadores. También podría implicar menos recursos para prestaciones sociales si el FAL se financia con fondos del sistema de seguridad social. La retirada del controvertido artículo 44, que proponía recortar licencias médicas entre un 50% y 75% del salario, obligó a que parte del texto vuelva a discusión en la cámara de origen. Análisis y efecto para Chile Quien gana con la reforma son empleadores y quienes buscan mayor flexibilidad laboral; pierden trabajadores y sindicatos, y el sistema de protección social podría debilitarse. En la región, la aprobación sirve como referencia para inversores que buscan menor costo laboral, y puede generar presiones políticas en países vecinos. En Chile, donde el debate sobre modernización laboral y la aplicación de nuevas normas a contratos vigentes sigue abierto, esta reforma será observada por legisladores, empresarios y sindicatos como ejemplo de modelo liberal extremo. El respaldo del FMI puede atraer capital, sin embargo también alimenta el rechazo social y el riesgo de mayor conflictividad laboral. En resumen, la norma cambia la relación laboral y abre un debate regional sobre competitividad y derechos sociales, mientras espera su paso final por el Senado argentino.
