La solicitud realizada por los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener autorización que les permita circular por vÃas exclusivas de transporte público abrió un debate en la capital. La controversia radica en los criterios para otorgar este tipo de permisos y sobre los lÃmites entre las necesidades propias del ejercicio de un cargo y los privilegios asociados a determinadas autoridades.
Los integrantes del tribunal de alzada capitalino, buscan acceder a una autorización similar a la que actualmente poseen el presidente, los ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema para utilizar determinadas pistas en la capital. Al respecto, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, afirmó que no tenÃa conocimiento de una solicitud destinada a permitir que los ministros de la Corte de Santiago se desplacen por vÃas exclusivas en la ciudad.
No obstante, señaló que sà resulta razonable facilitar el acceso al estacionamiento subterráneo ubicado en el entorno de la Plaza de Armas, considerando las restricciones de tránsito existentes en el sector. Las declaraciones de la máxima autoridad del Poder Judicial se producen mientras el Ministerio de Transportes analiza el alcance de las autorizaciones ya existentes y los criterios bajo los cuales fueron otorgadas.
El seremi de Transportes de la región Metropolitana, Gonzalo Cuevas, explicó que la autorización para autoridades de la Corte Suprema responde a razones de seguridad, ya que algunos de estos desplazamientos se realizan con apoyo de vehÃculos de escolta y en el contexto de funciones oficiales. El profesor de Derecho de la Universidad Central, Neftalà Carabantes, advirtió que las vÃas exclusivas fueron concebidas para favorecer el transporte público y reducir los tiempos de traslado de miles de personas, por lo que extender excepciones podrÃa generar crÃticas ciudadanas.
Asimismo, sostuvo que si existen problemas de acceso al Palacio de Tribunales producto de modificaciones urbanas o restricciones de tránsito, corresponde evaluar soluciones logÃsticas en conjunto con la autoridad sectorial. Según planteó, este tipo de iniciativas reflejan una cultura de privilegios que históricamente ha estado presente en algunos sectores de los tribunales superiores y que puede afectar la percepción ciudadana respecto del Poder Judicial.