Ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, Eduardo Cerna, director general de la Policía de Investigaciones de Chile, reafirmó que la destitución de la prefecta general Consuelo Peña, jefa de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, fue una decisión institucional de la PDI, no una orden de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steintert. Esta versión, que ya había sido señalada el 23 de marzo por la secretaria de Estado ante esa instancia, fue respaldada además por el propio presidente, José Antonio Kast. Cerró así un giro en la versión oficial sobre quién impulsó la salida de Peña y por qué ocurrió el proceso en plena tensión entre áreas de seguridad.
El director Cerna explicó ante la comisión que fue él quien decidió remover a Peña, información que contrasta con versiones previas que situaban la decisión en una negociación entre la ministra Steintert y otros actores del gobierno. En ese marco, el dirigente sostuvo que la remoción respondió a criterios institucionales y no a presiones externas, lo que, según él, deja claro que el mando superior del servicio es quien toma las decisiones de nombramiento, remoción o retiro. El jefe superior del servicio toma las decisiones de nombramiento y destitución, enfatizó ante los diputados.
Parlamentarios oficialistas valoraron la comparecencia y señalaron que, con estas declaraciones, se cerraría el capítulo de la polémica y se evitaría que el tema siga enturbiando la labor de la Policía de Investigaciones de Chile y del ministerio a cargo de seguridad. El diputado Mauro González, de Renovación Nacional, indicó que quedó claro que la dirección de la PDI tiene la última palabra en estos casos y pidió dejar atrás lo ocurrido para centrarse en lo que considera las prioridades de seguridad. En ese contexto, los parlamentarios buscarán pasar la página y enfocarse en lo que consideran la gestión institucional adecuada.
La polémica, que giraba en torno a posibles conflictos entre la autoridad policial y el ministerio, había amenazado con sacar a la luz tensiones internas en la seguridad del país. Con la versión de Cerna, se espera que el debate se asiente sobre el funcionamiento institucional de la PDI y su marco de actuación, evitando interferencias que afecten la credibilidad de la institución ante la ciudadanía. En ese sentido, la agenda para las próximas semanas podría centrarse en la revisión de antecedentes por la comisión y en la transparencia de los procesos de nombramiento dentro de la policía.
