El presunto episodio ocurrió a mediados de febrero en una estación de servicio de Empedrado, tras una presentación en el Festival Oro Verde, y desembocó en una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la comediante argentina Yamila Reyna contra el cantante chileno Américo (Domingo Johnny Vega Urzúa).
En un reportaje emitido por el programa Hay que Decirlo de Canal 13, el periodista Juan Pablo Benito entregó nuevos antecedentes: según el espacio, hay tres testigos que vieron parte del incidente y registros de cámaras de seguridad que habrían captado el momento en que el teléfono celular fue dañado. Benito relató que, según las imágenes, "el teléfono celular lo azotan en el suelo más de cuatro veces".
El dispositivo fue sometido a peritajes y está a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI. Los reportes indican que una persona recogió el teléfono tras el episodio y luego lo entregó como evidencia, que ahora forma parte de la indagatoria en curso. Hasta ahora no hay resoluciones judiciales anunciadas y la investigación sigue en desarrollo.
La PDI, que actúa en coordinación con el Ministerio Público —la fiscalía que dirige las investigaciones penales en Chile—, deberá citar a los testigos y revisar las grabaciones citadas por Canal 13. Por el momento la información difundida proviene del programa televisivo y de fuentes vinculadas al caso; si existen contradicciones en las versiones, corresponderá a la investigación formal clarificarlas.
Este episodio llega en un contexto público tenso para Américo, quien ya enfrentó críticas por comentarios misóginos en Puerto Varas y por bromas que generaron rechazo en otros festivales. Américo publicó un comunicado tras la denuncia, según reportes, pero los detalles formales del descargo no han sido exhaustivamente difundidos en la causa.
Para Chile, un caso de esta naturaleza coloca en el centro la responsabilidad de organizadores de eventos, la protección de personas en espacios públicos y la fiscalización de comportamientos de figuras públicas. Si la investigación concluye con antecedentes suficientes, el proceso judicial podría avanzar a cargos y medidas cautelares; mientras tanto, la industria musical y los festivales enfrentan presión pública y determinen si mantienen o suspenden contratos y presentaciones.
Los próximos pasos serán las diligencias de la PDI, la toma de declaración a testigos ante el Ministerio Público y el peritaje forense definitivo del teléfono. La sociedad chilena seguirá de cerca la evolución del caso por su impacto sobre el trato a la violencia de género y la rendición de cuentas de figuras públicas.
