Este martes en una corte federal del sur de Florida comenzaron los alegatos iniciales contra Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, acusados de conspirar en Estados Unidos para secuestrar o matar al expresidente haitiano Jovenel Moïse.
La fiscalía, representada en la audiencia por el fiscal federal adjunto Sean McLaughlin, dijo que el móvil fue la codicia y la ambición de poder, y que los acusados buscaban colocar a un gobernante aliado mientras se enriquecían. "Tan arrogantes y seguros de sí mismos, como demostrará la evidencia, y pensando tan poco en la República de Haití y su pueblo, realmente creyeron que podían lograrlo", dijo McLaughlin ante el jurado. La defensa replicó que la investigación en Haití estuvo plagada de errores y que sus clientes fueron usados como chivos expiatorios; Orlando do Campo, abogado de Arcangel Pretel Ortiz, afirmó "Una vez que se empieza con el pie izquierdo, es difícil confiar en todo lo que viene después".
Según la acusación y documentos judiciales, Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia cerca de Puerto Príncipe, en un ataque ejecutado por cerca de dos docenas de mercenarios extranjeros, en su mayoría procedentes de Colombia. La esposa del expresidente, Martine Moïse, resultó herida y fue trasladada a Estados Unidos para atención de emergencia.
Los documentos del caso también sitúan al sur de Florida como un centro para la planificación y financiación del complot. Ortiz e Intriago fueron directivos de Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security, conocidas en conjunto como CTU, y Walter Veintemilla fue ejecutivo de Worldwide Capital Lending Group. Ambas empresas tenían sede en el sur de Florida, y las autoridades dicen que los tres hombres enfrentan posibles penas de cadena perpetua. Todos se han declarado inocentes. La jueza federal de distrito Jacqueline Becerra reservó más de dos meses para el juicio.
Más allá del caso específico, el proceso en Miami pone en primer plano la dimensión transnacional del crimen político en la región: el uso de redes de mercenarios, empresas de seguridad privadas y circuitos financieros que atraviesan Estados Unidos y varios países latinoamericanos. El episodio ha tensado las relaciones diplomáticas entre Haití y naciones de la región y motivado investigaciones sobre contrataciones y flujos de dinero que cruzan fronteras.
Para Chile y América Latina esto importa porque ejemplifica cómo conflictos y atentados en un país caribeño pueden organizarse desde el exterior, aprovechando centros financieros y comunidades en ciudades como Miami. El juicio puede clarificar la responsabilidad de empresas de seguridad privadas y ofrecer precedentes legales sobre la persecución de crímenes políticos cometidos contra líderes extranjeros, tema relevante para la cooperación judicial y la fiscalización de firmas que operan en la región.
Durante las próximas semanas el tribunal procesará pruebas sobre financiamiento, comunicaciones y roles de los acusados; el veredicto y eventuales apelaciones tendrán impacto en la percepción regional sobre la impunidad, y en la capacidad de los estados para prevenir y perseguir tramas transnacionales contra autoridades electas.
