El gobierno de José Antonio Kast enfrenta un cuello de botella en su promesa de expulsar a extranjeros en situación irregular, pues no puede avanzar con unas 6.000 órdenes pendientes contra venezolanos. La Policía de Investigaciones (PDI) informó a la comisión de Gobierno del Senado que, hoy, resulta imposible deportar a esas personas dada la falta de relación consular vigente con Venezuela, la dificultad para verificar identidades y la negativa de Caracas a recibir a los deportados. El prefecto de Migraciones de la PDI, Ernesto León, detalló que el proceso está paralizado por tres factores críticos. En primer lugar, la ruptura diplomática reduce la coordinación necesaria para estos operativos; en segundo, la crisis de identidad complica confirmar quiénes son los extranjeros; y en tercer lugar, los traslados hacia la capital venezolana permanecen suspendidos desde junio de 2025.
Más allá de lo internacional, el costo es un obstáculo importante. Se estima que expulsar a cada persona requiere unos $3 millones de pesos por persona, considerando traslados, custodia policial y logística aérea. Con una población migrante irregular cercana a 300.000 personas, la viabilidad de una expulsión masiva se pone en duda desde el punto de vista presupuestario.
Un ejemplo reciente de estas limitaciones se dio la semana pasada, cuando el Ejecutivo llevó a cabo un vuelo con 40 expulsados de Colombia, Bolivia y Ecuador, sin incluir a ningún venezolano a pesar de ser la población con mayor número de órdenes pendientes.
Contexto legislativo. Esta revelación de la PDI llega en un contexto de alta presión política, ya que el Senado tramita con urgencia un proyecto de ley que busca criminalizar el ingreso clandestino al país. Esta moción, que data de 2022, figura en primer lugar de votación para general este miércoles, en medio de la exigencia ciudadana de resultados concretos en el control de fronteras.
En clave chilena, el debate refleja la tensión entre soberanía y derechos humanos en política migratoria, un tema que afecta a Chile por su posición geográfica en una ruta migratoria regional y por el costo social y fiscal de las políticas de fronteras, especialmente ante un flujo que ya involucra a cientos de miles de personas en situación irregular. Si el país quiere mantener una frontera firme sin sacrificar estándares democráticos, deberá avanzar en cooperación regional y en mecanismos de verificación y asilo que funcionen de manera eficiente, sin perder de vista las necesidades de quienes llegan buscando oportunidades o refugio.
