La Fiscalía General de Guerrero, la fiscalía estatal del estado mexicano de Guerrero, resolvió cerrar el expediente contra el actor identificado como Eduardo “N” por considerar insuficientes las pruebas en su contra, según informó la propia institución. Ante esa decisión, la actriz y conductora Daniela Berriel anunció en redes sociales que recurrirá a un amparo, el recurso judicial federal en México que protege derechos constitucionales.

Los hechos que relata Berriel se remontan a marzo de 2020, cuando, según su denuncia, sufrió una agresión sexual durante una fiesta en Acapulco. Desde entonces presentó antecedentes y sostuvo que existía una orden de aprehensión contra otro imputado, el actor identificado como Gonzalo “N”, de nacionalidad española, por posible encubrimiento. Berriel afirma que Gonzalo salió de México tras esa orden y que, luego de que él se retractara, ella le otorgó el perdón para que pudiera volver y dar su versión.

En los últimos días la actriz dijo que sus abogados no pudieron presentar pruebas ante el juez, entre ellas la declaración de Gonzalo “N” y la de un testigo que, según ella, declaró haber visto lo ocurrido. Tras conocer el cierre del caso, Berriel publicó que la resolución le confirma que la Fiscalía y el gobierno de Guerrero “son unos corruptos y protegen a los violadores”, y anunció que buscará instancias federales para impugnar la decisión.

Como antecedente institucional y mediático, empresas de entretenimiento han reaccionado: Televisa suspendió temporalmente a Gonzalo “N” luego de la acusación pública. En el plano regional, este episodio se inscribe en una serie de denuncias por violencia sexual que han visibilizado fallas en la atención a víctimas, la recepción de pruebas y la percepción pública de impunidad, tópicos ya señalados en casos de figuras públicas como la youtuber Nath Campos.

Estado actual: el expediente estatal quedó cerrado por insuficiencia probatoria; Berriel conserva un expediente donde figura como víctima y dice tener declaraciones que apuntan a responsabilidad de terceros. Ella ha anunciado que pedirá amparo y otras vías federales para revertir la decisión. Desde la Fiscalía General de Guerrero, más allá del comunicado sobre el cierre por falta de pruebas, no se ha informado de nuevos pasos procesales al cierre de esta nota. Si la parte acusadora presenta el amparo, será un tribunal federal el que revise si hubo vulneración de derechos procesales o constitucionales en la tramitación del caso.