Los ministerios de Obras Públicas (MOP) y Hacienda trabajan en una reforma al sistema de concesiones. El objetivo es ampliar las fuentes de financiamiento y atraer capital internacional. Los cambios contemplan dos frentes: mayor participación de las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, y pagos en dólares para las empresas concesionarias.
La industria estima que la cartera de proyectos requiere del orden de US$5.000 millones en los próximos años. El esquema actual no logra atraer ese volumen de recursos, y los inversionistas extranjeros han planteado que el modelo necesita ajustes para facilitar su participación.
La discusión tiene antecedentes. El Consejo de Infraestructura Pública (CPI), organismo técnico asesor del sector, presentó propuestas al MOP durante la administración anterior para modernizar el financiamiento de las concesiones. El debate, sin embargo, no avanzó más allá de las oficinas del ministerio en calle Morandé 59 de Santiago.
La actual administración retomó el proceso tras recibir señales desde los mercados internacionales. La señal más concreta llegó en el Chile Day, el evento donde Chile presenta su cartera de inversión ante fondos de Nueva York y Toronto. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, adelantó allí que el gobierno evaluaba cambios al financiamiento de las concesiones.
A fines de mayo, el MOP convocó una reunión con el sector financiero y el mundo concesionario. Asistieron representantes de Santander, Itaú, Banco de Chile y BCI, junto a las AFP ProVida y Habitat. El encuentro sirvió como punto de partida para estructurar una propuesta formal.
Después de esa reunión, el MOP se sentó con Hacienda para definir los detalles. Según fuentes cercanas a las tratativas, los cambios se dividirán en dos ejes. El primero apunta al esquema de financiamiento, con las AFP como actores centrales. El segundo busca modificar el mecanismo de pago a las concesionarias. Hoy ese pago se realiza en pesos o en UF, una medida de valor indexada a la inflación. Incorporar el dólar sería la alternativa, una condición que los fondos extranjeros exigen para participar en las licitaciones chilenas.