Minera Spence, que pertenece a la australiana BHP, demandó a su Sindicato de Trabajadores N°1 ante el Juzgado Civil de Antofagasta. Le exige $8.450 millones por los perjuicios que atribuye a dos paralizaciones que, según la empresa, fueron "derechamente ilegales".
De acuerdo con BioBioChile, los paros ocurrieron entre el 30 de junio y el 1 de julio, y luego entre el 7 y el 8 de julio de este año. La Tercera y Diario Financiero informaron lo mismo. Ambos medios agregaron que esas fechas coincidieron con el cierre del año fiscal de BHP, cuando se calculaban los bonos de producción.
El conflicto partió en mayo. El sindicato pidió una compensación por la baja de los bonos de producción del año fiscal 2026 y por los resultados de la minera. En una carta del 29 de mayo, citada en la demanda, los trabajadores la llamaron una "petición de participación del ganancial que colaboramos en generar".
La demanda sostiene que el sindicato buscaba un bono extraordinario de $5 millones por trabajador. Ese pago no aparece en el contrato colectivo vigente. Diario Financiero recogió la versión de la empresa: los socios no lograron las metas productivas y por eso no tenían derecho a los bonos respectivos.
El 30 de junio, Spence respondió que mantendría las condiciones del contrato. Según la minera, después de esa respuesta el sindicato llamó a sus afiliados a no presentarse a sus turnos. La Tercera informó que la empresa conversó con los dirigentes y que el 1 de julio les pidió por carta que terminaran el paro. Una semana después vino la segunda paralización.
Las cifras de la demanda muestran el efecto en la operación. En el primer paro faltaron 413 trabajadores y en el segundo, 350. Las actas notariales dejaron registro de sectores sin personal y de máquinas detenidas. Durante una de las jornadas solo funcionaban 3 de los 34 camiones de la faena.
La empresa calcula que la producción de cátodos (las láminas de cobre casi puro listas para la venta) estuvo detenida 23 horas. La de concentrado, que es el mineral molido y enriquecido antes de fundirse, se paró 26 horas. En total, Spence estima que dejó de producir 567 toneladas de cobre fino y dos de molibdeno, avaluadas en US$8,58 millones.
Esa cifra considera solo el lucro cesante, es decir, lo que la empresa dejó de ganar. La minera dejó fuera los gastos de contingencia, como horas extra, traslados y alojamiento de personal.
El argumento legal de Spence es que los paros no se ajustaron al Código del Trabajo. En Chile, la huelga legal ocurre dentro de una negociación colectiva reglada, con votación y aviso previo a la empresa y a la Inspección del Trabajo. La minera afirma que no hubo nada de eso. Tampoco se invocó el artículo 184 bis, que permite dejar de trabajar ante un riesgo grave e inminente para la vida o la salud.
El sindicato, según recoge la misma demanda, respondió que los paros fueron consecuencia de "más de un año de propuestas, reuniones y solicitudes" sin respuestas oportunas. También invocó la autonomía sindical. Las fuentes no incluyen declaraciones directas de los dirigentes fuera de lo citado en la acción judicial.
La demanda apunta contra la organización y no contra cada trabajador. El sindicato agrupa a 1.082 personas, el 96% de la dotación de su estamento. En una declaración, Spence afirmó que "no puede amparar paralizaciones que se desarrollan fuera del marco legal aplicable". Ahora le toca al Juzgado Civil de Antofagasta tramitar la causa. Las fuentes no informan fechas de audiencias.
