El Banco Central de Reserva de El Salvador, BCR, informó que en enero la deuda del Estado con los fondos privados de pensiones aumentó por una emisión de títulos del Instituto Salvadoreño de Pensiones, ISP, sumando un aumento mensual de US$92,32 millones y llevando el acumulado a US$11.333,45 millones.

Esa alza responde a colocaciones realizadas por el ISP para financiar el pago de jubilaciones del antiguo sistema público, que fue reemplazado a fines de los años 90 y modificado nuevamente tras la reforma aprobada en 2022 por la Asamblea Legislativa de El Salvador. En términos mensuales, la deuda pasó de US$11.241,13 millones en diciembre de 2025 a US$11.333,45 millones en enero de 2026; en términos interanuales, subió desde US$10.572,40 millones en enero de 2025, un aumento de US$761,05 millones o 7,2%.

El Estado emite dos tipos de instrumentos para ese pasivo. Los Certificados de Obligaciones Previsionales, COP, suman actualmente US$2.939,26 millones y son adquiridos de forma obligatoria por las administradoras de fondos de pensiones, AFP. El otro bloque, los Certificados de Financiamiento de Transición, CFT, totaliza US$8.394,19 millones. Tras la reforma de fines de 2022 estos CFT no pagaron capital ni intereses durante cuatro años, y ese período de gracia vence el próximo año, lo que obligará al Estado a reanudar pagos que hoy representan el 22,9% del PIB de El Salvador.

El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha advertido dos riesgos concretos. Primero, que tras la reforma el 89% de los activos gestionados por las AFP estaban invertidos en títulos de deuda pública, ya sea de forma directa o a través de bancos e instituciones financieras. Para dar una escala, las AFP tuvieron activos por US$14.900 millones en 2024, cifra comparable al monto total de deuda aquí mencionada. Segundo, el FMI señaló que los pagos a pensionados del sistema privado comenzaron a hacerse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria, CGS, un fondo colectivo que respalda a afiliados cuando agotan los ahorros de su cuenta individual, lo que pone presión sobre un mecanismo pensado como red de seguridad.

¿Por qué importa esto más allá de El Salvador? Primero, porque demuestra cómo la conversión de pasivos previsionales en títulos puede trasladar el riesgo al balance del Estado y a los fondos que administran los ahorros previsionales. Es una lección relevante para países que debaten reformas de pensiones, incluido Chile, donde la sostenibilidad del sistema y el rol de los fondos solidarios son temas recurrentes. Segundo, la expiración del período de gracia de los CFT el próximo año será una prueba de fuego para las finanzas públicas salvadoreñas y un momento clave para supervisores y mercados.

En el corto plazo, la clave será la claridad del gobierno de El Salvador sobre cómo pagará los CFT cuando venza el periodo de gracia, y qué salvaguardias aplicará para que la CGS no quede expuesta a uso recurrente. Para los afiliados y para los reguladores, el caso obliga a mirar con cuidado la composición de inversiones de las AFP y la traza fiscal de cualquier solución de transición. Si no hay ajustes, la vuelta del pago de capital e intereses podría aumentar la presión fiscal y obligar a nuevas medidas que afecten las cuentas públicas y la confianza de los mercados.