La justicia venezolana ordenó la noche del viernes la libertad de 379 presos políticos, un día después de que el Parlamento promulgara una ley de amnistía impulsada por el gobierno interino tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, informó el diputado Jorge Arreaza. Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la norma y verifica su aplicación, dijo en una entrevista televisiva que los excarcelados "deben ser excarcelados entre la noche de hoy y la mañana de mañana".

La promulgación fue defendida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien en un discurso en la televisora estatal calificó el instrumento como un paso hacia "una Venezuela más democrática, más justa, más libre". Rodríguez fue vicepresidenta de Nicolás Maduro y asumió funciones de manera temporal tras su derrocamiento, según las fuentes oficiales citadas.

Pese a la medida, la ONG Foro Penal mantiene que antes de esta nueva tanda quedaban alrededor de casi 650 presos políticos en el país. El propio proceso genera dudas: expertos y familiares denuncian que la ley puede dejar fuera a cientos de detenidos, en particular militares acusados de actividades catalogadas como "terroristas" o de rebelión. En la votación parlamentaria algunos informes señalaron que la Asamblea excluyó a 174 militares acusados de rebelión, lo que acota el alcance real de la amnistía.

El gobierno ya había otorgado libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, según la narrativa oficial. En paralelo, el ministro de Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino, defendió la ley como una señal de "madurez y fortaleza política" y subrayó que la Fuerza Armada, pilar de la llamada Revolución Bolivariana, jura lealtad y subordinación a Rodríguez.

Las reacciones en la sociedad son mixtas. Familiares de detenidos pidieron pruebas de que las excarcelaciones se concreten. Hiowanka Ávila, de 39 años, dijo a la prensa que "muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares", en referencia a su hermano Henryberth Rivas, detenido en 2018 por presunta participación en un intento de magnicidio con drones. Narwin Gil, familiar de otro preso en los calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7, resumió la frustración con la frase "Necesitamos hechos, no palabras".

El contexto económico y humanitario agrava la situación: el Fondo Monetario Internacional, el organismo que evalúa la salud macroeconómica global, ha calificado la situación venezolana como "bastante frágil" y prevé inflación de tres dígitos. Ese cuadro limita la capacidad de recuperación política y humanitaria, y condiciona cualquier proceso de reinserción o retorno de excarcelados.

Para Chile y América Latina la medida tiene efectos directos y simbólicos. Chile acoge a cientos de miles de migrantes venezolanos; una amnistía limitada puede influir en decisiones de retorno o en demandas de protección internacional. También es una señal para gobiernos regionales sobre la dirección política en Caracas: una amnistía amplia podría facilitar espacios de diálogo y cooperación, mientras que una aplicación restringida y la permanencia de decenas de miles de presos políticos profundizarían la presión de organismos de derechos humanos y condicionarán la relación bilateral y multilateral.

En lo inmediato queda por verificar cuántas de las 379 liberaciones se materializan realmente y quiénes quedan excluidos de la ley. La tensión entre el discurso oficial de reconciliación y las reservas de familiares, ONG y expertos marcará si la medida reduce las tensiones internas o se mantiene como un gesto limitado en un contexto de fragilidad política y económica.