En una entrevista con Radio ADN, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, relativizó la afirmación del presidente electo José Antonio Kast de que su futura administración enfrentará un "gobierno de emergencia" y aseguró que las condiciones de seguridad son mejores que hace cuatro años.

El debate se instaló tras la publicación del balance de delitos 2025, que mostró una baja en portonazos, encerronas, robos violentos y homicidios, junto con un aumento de ilícitos vinculados al uso de armas y al tráfico de drogas. Frente a esos datos, Cordero sostuvo que "lo que pasa es que Chile tiene datos complejos" y recordó que 2021 y 2022 fueron años marcados por la pandemia y por la crisis migratoria en Venezuela, factores que, dijo, transformaron los conflictos internos.

El ministro marcó distancia también con declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien afirmó que el verdadero "gobierno de emergencia" fue el de Gabriel Boric, presidente entre 2022 y 2026. Cordero advirtió que simplificar la realidad histórica deriva en conclusiones erradas, "uno no gobierna el país que quiere, sino el país con los problemas que tiene", dijo.

Cordero subrayó además que frente al aumento de delitos como homicidios, trata de personas, tráfico de migrantes y secuestros extorsivos, se impulsó un acuerdo político amplio. Según el ministro, ese acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso dio como resultado la promulgación de más de setenta leyes destinadas a fortalecer a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de Chile y al Ministerio Público de Chile.

La discusión entre el gobierno saliente, el Ejecutivo entrante y sectores del oficialismo tiene antecedentes recientes: los años 2021-2022 enfrentaron la pandemia, restricciones sanitarias y flujos migratorios extraordinarios, lo que tensionó capacidades institucionales. La oposición política de Kast busca instalar la urgencia como argumento para cambios rápidos en seguridad, mientras que el gobierno actual apela a medidas legislativas y a destacar mejoras estadísticas.

Quedan, sin embargo, preguntas abiertas. El balance 2025 registra avances en delitos contra las personas y retrocesos en ilícitos asociados a armas y drogas, pero no entrega, por sí solo, un mapa uniforme del riesgo ciudadano. La frase final de Cordero en la entrevista quedó incompleta en la transcripción pública, por lo que no es posible reproducir su conclusión literal sobre el escenario que enfrentará la próxima administración.

En lo inmediato, la tensión retórica condiciona la agenda de seguridad: quién gana es quien logre fijar la narrativa sobre la magnitud del problema, y quién pierde es la confianza ciudadana si las percepciones de inseguridad no convergen con los datos. Para el ciudadano común, el debate determinará prioridades políticas, posibles reasignaciones presupuestarias y expectativas sobre la presencia policial y la eficacia judicial en barrios y rutas migratorias. El foco ahora está en cómo traducir las leyes aprobadas en resultados tangibles antes de la llegada del nuevo gobierno.