Un tribunal dictó condenas contra cuatro funcionarios de la 21ª Comisaría de Estación Central por actos de tortura y apremios ilegítimos cometidos entre 2016 y 2018, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La sentencia impuso la mayor pena a Carlos Leal Aqueveque, condenado a 15 años de presidio por los delitos de tortura, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y falsificación de instrumento público. Además, Carlos Soto Soto y Camilo Vásquez Masman fueron condenados a 5 años de presidio por tortura; Vásquez suma, además, 541 días por falsificación de instrumento público. Carlos Calderón Ortega recibió una pena de 4 años por apremios ilegítimos.

Según el INDH, la mayoría de los hechos ocurridos entre 2016 y 2018 correspondieron a detenciones arbitrarias en el espacio público, sin orden judicial ni flagrancia. Tras esas detenciones, las personas fueron trasladadas a la comisaría, donde el tribunal acreditó la mayor parte de los abusos. Entre los apremios probados, el fallo establece que, por orden de un funcionario, un perro policial atacó con mordidas a una persona durante un procedimiento. La jefa regional del INDH, Beatriz Contreras, señaló que "este es el primer caso en democracia en que se configura la tortura mediante el uso de animales".

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) valoró el fallo y destacó el "análisis pormenorizado que hicieron los jueces de los tipos penales a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos", según declaró Contreras. Sebastián Cabezas, jefe de la unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH, afirmó que el veredicto manda un mensaje claro sobre la necesidad de que el accionar policial se ajuste a la ley y a los reglamentos, lo que, dijo, genera mayor seguridad para las personas detenidas y para los propios policías.

En Chile la tortura está tipificada por la Ley 20.968, promulgada en 2016. Esa norma incorporó al código penal la figura de tortura y reforzó los estándares sobre trato y detención de personas, en línea con compromisos internacionales de derechos humanos.

Estos fallos se conocen en una comuna donde en las últimas semanas se han difundido otras investigaciones por hechos graves en Estación Central, como el hallazgo de un cuerpo en un cité que permanece en investigación, según reportes recientes. No existe en la información pública aportada por las fuentes un vínculo establecido entre esos hechos y el proceso por torturas.

Las condenas fueron dictadas por el tribunal que conoce la causa y pueden ser objeto de recursos propios del proceso penal. El INDH fue querellante y aportó pruebas y alegatos durante el juicio, que permitieron acreditar los apremios y las detenciones arbitrarias señaladas en la sentencia.

Estado actual: cuatro exfuncionarios condenados, con penas que van de 4 a 15 años de presidio; el fallo marca un precedente por la consideración del uso de animales como medio de tortura y reactiva el debate sobre control y reformas en Carabineros de Chile, la institución policial nacional responsable del orden público y la custodia de detenidos.