En la conmemoración del cuarto aniversario de la invasión rusa de 2022, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió sobre la persistencia del desplazamiento masivo y pidió mantener la solidaridad internacional. En una rueda de prensa en la que participaron autoridades europeas, Philippe Leclerc, director regional de ACNUR para Europa y coordinador nacional para Ucrania, señaló las dificultades humanitarias que siguen afectando sobre todo a mujeres y niños.

Leclerc destacó que, de los refugiados ucranianos fuera de su país, 5,7 millones viven en otros Estados europeos, donde se ha observado, dijo, "una extraordinaria solidaridad". Según encuestas citadas por ACNUR, más del 60% de quienes huyeron expresan la intención de regresar a Ucrania cuando la situación lo permita, aunque muchos ya muestran altos niveles de integración en las sociedades de acogida.

El responsable de ACNUR habló también del impacto económico y social en los países receptores. Citó estudios en el caso de Polonia que atribuyen un aumento del producto interno bruto del 2,7% ligado a la presencia de refugiados. Al mismo tiempo, valoró la decisión de la Unión Europea (UE) —anunciada en 2025— de ampliar la protección temporal para ucranianos al menos hasta marzo de 2027, y dijo que la agencia trabaja con la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, en medidas alternativas para quienes no quieran o no puedan volver.

ACNUR y el Gobierno de Ucrania informaron además sobre retornos forzados y víctimas de deportaciones. Citando cifras oficiales ucranianas, Leclerc recordó que alrededor de 2.000 niños trasladados a la fuerza a territorio ruso o a zonas ocupadas han podido regresar, pero que siguen siendo una fracción de los al menos 20.000 menores que, según las autoridades y las investigaciones de la Corte Penal Internacional, fueron objeto de deportaciones ilegales.

La guerra en Ucrania y la respuesta europea muestran tensiones entre la gestión humanitaria inmediata y las opciones a largo plazo para millones de desplazados. La extensión de la protección temporal por parte de la UE crea un marco de seguridad jurídica que facilita acceso a trabajo, educación y servicios, pero también plantea debates sobre soluciones duraderas, integración y reconstrucción en el país de origen.

Para Chile y América Latina, la situación europea funciona como referencia sobre cómo responder a crisis masivas. La experiencia de la UE subraya la ventaja de mecanismos regionales de protección temporal coordinada, algo que no existe con el mismo alcance en América Latina. Además, el caso ucraniano pone en primer plano la necesidad de fortalecer instrumentos de justicia internacional, como la Corte Penal Internacional, y políticas nacionales de asilo que garanticen protección efectiva para mujeres y niños.

En las próximas semanas, ACNUR y la Comisión Europea deberán precisar las alternativas para quienes no regresen a Ucrania y las condiciones para mantener la protección extendida. Para la comunidad internacional, la decisión será un termómetro de la capacidad de sostener la solidaridad frente a una crisis prolongada y de traducirla en soluciones políticas y legales duraderas.