En el Senado, la senadora Yasna Provoste, representante por la Región de Atacama, denunció la falta de transparencia en la tramitación del proyecto de sala cuna durante el debate sobre la agenda legislativa a días del 11 de marzo. Provoste dijo que el anuncio de indicaciones se hizo por la prensa, sin que en la Cámara Alta exista un plazo abierto para presentarlas.
La senadora señaló que la práctica remite a la «vieja cocina» de la política, acuerdos a puertas cerradas donde algunos están invitados y la mayoría del Parlamento queda fuera. "No sabemos si por ignorancia o por un ejercicio puramente comunicacional, se anuncia algo que en la práctica no es efectivo", afirmó, y añadió que "eso no es legislar en serio".
Como integrante de la Comisión de Educación del Senado, Provoste explicó que la comisión lleva años esperando indicaciones que mejoren la ley y que esas propuestas nunca llegaron. En ese contexto criticó que hoy el gobierno anuncie cambios por los medios sin entregar a los parlamentarios las indicaciones ni abrir los plazos formales de tramitación.
La legisladora pidió que la discusión ponga sobre la mesa la calidad de la educación inicial y un financiamiento sostenible. Subrayó que "las familias chilenas y sus hijos e hijas merecen una sala cuna universal construida con altura de miras, sin frivolidades". También reclamó acciones concretas del Ejecutivo y exigió que se pague la subvención adeudada desde enero a los sostenedores escolares, recursos que, según advirtió, son necesarios para iniciar el año escolar.
El antecedente histórico que invoca Provoste es claro: la política de acuerdos informales ha generado desconfianza ciudadana y debilita la legitimidad de la legislación. En términos prácticos, si el gobierno avanza sin transparencia gana visibilidad política momentánea, pero pierde confianza parlamentaria y pone en riesgo la calidad de la norma. Quien pierde hoy es el ciudadano común, especialmente las familias que esperan soluciones estables y financiamiento claro para la educación inicial.
A medida que se acerca el 11 de marzo, la tensión entre la urgencia por cerrar temas y la necesidad de tramitar con rigor se intensifica. La puerta está abierta para que el gobierno entregue indicaciones formales y un cronograma público, o bien para que el Parlamento exija claridad y condiciones para votar. De no resolverse, existe el riesgo de que un proyecto sensible para las familias avance sin los resguardos técnicos ni el financiamiento durable que Provoste reclama.
