El 13 de enero de 2026 la isapre Banmédica, filial del grupo internacional Bupa, presentó una demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile ante el 2° Juzgado Civil de Santiago, en la que exige $2.745 millones por el efecto de un fallo judicial que la obligó a costear el tratamiento de un menor con distrofia muscular de Duchenne. La acción alega que la compañía sufrió un “daño material, bajo la especie de daño emergente”, a raíz de decisiones previas de tribunales superiores.

El origen del conflicto judicial se remonta al 23 de enero de 2025, cuando Miguel Angel Cortés interpuso un recurso de protección en nombre de su hijo, un menor de 11 años diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, para que la isapre cubriera un tratamiento con Elevidys en Estados Unidos, administrado en el Neurology & Neuromuscular Care Center. La familia impulsó además una campaña pública llamada "Un Millón de Puertas para Miguel" para financiar el traslado y la terapia. En 2025 otro menor recibió el mismo tratamiento y su caso tuvo amplia repercusión pública, incluida la caminata de su madre desde Ancud, en Chiloé, hasta La Moneda en Santiago buscando apoyo.

El 7 de abril de 2025 la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, argumentando que Elevidys no estaba contemplado en la cobertura normal del plan contratado por el afiliado y que no figuraba registrado en el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, además de que la isapre había ofrecido una alternativa mediante la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas, CAEC. Sin embargo, el 13 de junio de 2025 la Corte Suprema revocó esa decisión y ordenó a Banmédica financiar el medicamento, señalando que en este caso primaba la protección del derecho a la vida e integridad del menor por sobre consideraciones contractuales o administrativas, según consta en las resoluciones judiciales.

Elevidys es una terapia génica que se administra en centros especializados y que ha sido autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, para ciertos pacientes con distrofia muscular de Duchenne. En el caso chileno, la Corte Suprema decidió que la necesidad del menor justificaba el financiamiento, aun cuando el medicamento no estuviera registrado en el ISP y no fuera parte de la cobertura ordinaria del plan de salud, según los antecedentes citados por las partes.

La demanda presentada por Banmédica pretende que el Estado compense a la isapre por los desembolsos efectuados o derivados del fallo, lo que plantea una disputa sobre quién asume la carga económica cuando un tribunal ordena cubrir tratamientos no contemplados en contratos ni registrados localmente. Para los pacientes y sus familias, la resolución de la Corte Suprema abrió una vía judicial para acceder a terapias fuera del sistema, pero también ha generado preocupación entre prestadores y aseguradoras por el posible efecto en la sostenibilidad de los planes y en la equidad de acceso.

El caso ahora queda en manos del 2° Juzgado Civil de Santiago, que deberá tramitar la demanda de indemnización. Su resultado podrá marcar un precedente sobre la responsabilidad fiscal frente a fallos que obligan a privados a cubrir tratamientos no incluidos en sus planes, y sobre la tensión entre derechos fundamentales a la salud y las reglas contractuales del sistema de seguros previsionales. Mientras tanto, las familias que buscan tratamientos especializados seguirán enfrentando la vía judicial como una de las alternativas principales para acceder a terapias que no están disponibles o registradas en Chile.