En una entrevista con radio Infinita, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, rechazó el requerimiento que la UDI y el Partido Republicano presentaron ante el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, para pedir su destitución, tras el rechazo unánime del desafuero por la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del caso ProCultura.

Orrego dijo que "no es bueno tratar de llevar la política a los tribunales o instrumentalizar la justicia con fines políticos" y emplazó a los consejeros regionales de la UDI, del Partido Republicano y de Renovación Nacional, RN, a competir por el cargo en las urnas si quieren gobernar la Región Metropolitana.

En julio pasado, 16 consejeros regionales —pertenecientes a la UDI, al Partido Republicano y a RN— ingresaron ante el Tricel un requerimiento de más de 100 páginas que acusa a Orrego de «notable abandono de deberes y faltas a la probidad». Esa acción es la vía que la oposición utiliza ahora, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara el desafuero solicitado por la Fiscalía de Antofagasta en el proceso conocido como ProCultura.

El caso ProCultura involucra a Alberto Larraín, fundador de la organización ProCultura, quien está imputado por fraude al fisco. Orrego afirmó que Larraín causó un "tremendo daño" a las fundaciones en Chile y afectó al gobierno regional y a su persona. También criticó con dureza a la Fiscalía de Antofagasta, a la que acusó de cometer "errores graves de hechos y de derecho" y pidió a la Fiscalía Nacional que investigue si hubo negligencia o mala intención.

Este episodio se inscribe en un momento político en que la figura del gobernador regional, electa desde 2021, adquiere mayor visibilidad. El uso de tribunales electorales para dirimir conflictos políticos puede marcar un precedente: por un lado, la oposición busca una salida institucional para remover a un gobernante; por otro, el recurso judicial puede percibirse como una forma de disputar poder fuera de la cancha electoral. Eso tiene impacto directo sobre la gobernabilidad regional y la continuidad de proyectos públicos que afectan a los ciudadanos, como obras y programas sociales.

Quien gane políticamente en este episodio dependerá de la decisión del Tricel, Tribunal Calificador de Elecciones, y de la eventual reacción de instancias superiores. Si el Tricel valida el requerimiento, se abriría una etapa de conflicto institucional y posible litigio público; si lo rechaza, el desgaste recaerá sobre los partidos que impulsaron la acción y podría fortalecer la posición de Orrego.

Para la ciudadanía, la disputa repercute en la capacidad del gobierno regional de ejecutar políticas y en la confianza en instituciones como la fiscalía y los tribunales electorales. El Tricel tiene ahora el expediente en sus manos y deberá resolver. De fondo queda la discusión sobre si las controversias políticas deben resolverse en las urnas o en los tribunales, y cómo eso afecta la estabilidad de una gobernación clave para la vida cotidiana de millones de habitantes de la capital.