Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, respondió en una entrevista en radio Infinita al requerimiento que 16 consejeros regionales de la Unión Demócrata Independiente, el Partido Republicano y Renovación Nacional ingresaron en julio de 2025 al Tribunal Calificador de Elecciones, con el objetivo de destituirlo en el marco del caso ProCultura.

En la misma entrevista, Orrego dijo: "Si quieren ocupar el cargo gobernador, que lo hagan por elecciones". Reiteró que la política debe resolverse en las urnas y criticó que se lleven los conflictos a los tribunales. Para él, la acción de los consejeros constituye una instrumentalización judicial con fines políticos.

El requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones, de más de 100 páginas, acusa al gobernador de "notable abandono de deberes y faltas a la probidad". Antes de eso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad un pedido de desafuero contra Orrego. Orrego celebró ese fallo y dijo sentirse tranquilo con la decisión judicial.

El gobernador atacó además a la Fiscalía de Antofagasta, a la que acusó de montar una investigación con errores graves. Según Orrego, el fallo señaló que la acusación no tenía antecedentes serios, y por eso pidió a la Fiscalía Nacional que aclare si hubo negligencia o mala intención en el manejo del caso.

Orrego responsabilizó también a Alberto Larraín, fundador de ProCultura e imputado por fraude al fisco, por el daño que, a su juicio, causó a las fundaciones y a la gestión del gobierno regional. Dijo que hubo delitos y que quienes los cometieron deben responder ante la justicia.

En términos políticos, la jugada de la UDI y los Republicanos busca presionar y desplazar a Orrego de su puesto localmente. Sin embargo, con el rechazo unánime al desafuero y la aún incierta tramitación ante el Tribunal Calificador de Elecciones, quien obtiene de momento una ventaja es el gobernador. Quienes pierden son los ciudadanos, que ven cómo los conflictos entre partidos paralizan la agenda regional.

Históricamente en Chile, el uso de tribunales electorales y recursos judiciales para dirimir disputas políticas no es nuevo, aunque su empleo para intentar destituir autoridades regionales genera polémica. La práctica tensiona la separación entre política y justicia y erosiona la confianza en las instituciones cuando los procesos parecen responder a intereses partidarios.

La decisión del Tricel y la eventual instrucción de la Fiscalía Nacional serán claves para definir el curso del caso. Mientras tanto, la Región Metropolitana enfrenta la doble tensión de sostener proyectos locales y responder a un debate que ya superó el ámbito administrativo y llegó al judicial y al político.