La acción fue ingresada este martes en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y acusa al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, alias Comandante Ramiro, de haber sido perjudicado por decisiones judiciales que habrían favorecido a intereses vinculados a la familia del senador Jaime Guzmán. La querella fue patrocinada por las abogadas y el abogado Yanira González y Mauricio Menares, y apunta contra el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza Espinosa y el abogado Luis Hermosilla Osorio, además del ministro Guillermo de la Barra, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

Mauricio Hernández Norambuena cumple dos condenas de 15 años cada una por el asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y por el secuestro de Cristián Edwards. Según su defensa, ya habría cumplido 10 de los 30 años que suman esas sentencias, pero asegura que no se le está computando correctamente el tiempo que permaneció privado de libertad en Brasil antes de ser extraditado en agosto de 2019.

En la querella se sostiene que, cuando Mario Carroza Espinosa actuó como ministro en visita en 2019, no reconoció el acuerdo con Brasil que debía permitir contabilizar la detención previa por extradición, y en su lugar le imputó 12 días de privación de libertad, cuando según la defensa correspondían tres años y seis meses.

El escrito liga esa decisión a una supuesta cercanía entre el magistrado y Luis Hermosilla Osorio, quien entonces intervenía en causas vinculadas a la familia de Jaime Guzmán y, según la querella, también era asesor del Ministerio del Interior bajo la cartera del entonces ministro Andrés Chadwick. La querella incorpora esa cronología para sostener que hubo una motivación externa a la legalidad en la forma en que se aplicó el abono de prisión preventiva por extradición.

Los querellantes pidieron que se investiguen las eventuales responsabilidades penales de los aludidos, y presentaron antecedentes que, en su visión, muestran una diferencia "brutal" entre los días acordados internacionalmente y los reconocidos por los tribunales chilenos. El documento incluye además el testimonio y la reconstrucción de las actuaciones administrativas y judiciales en torno a la extradición desde Brasil.

Ahora la causa deberá seguir su curso en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que decidirá si acoge la querella y ordena diligencias investigativas. Si la acción prospera, abriría una arista penal contra jueces y abogados que, de acreditarse, tendría efectos sobre el cómputo de la pena de Hernández Norambuena y sobre la percepción pública de la imparcialidad judicial en casos de alta carga política y simbólica en Chile.