El 23 de febrero, efectivos del OS7 de Carabineros allanaron la vivienda de María Pía Peñaloza, asesora de Eduardo Lagos, y se incautaron de teléfonos y computadores que vinculan a la investigación conocida como la "trama bielorrusa".

Tras el operativo, la defensa de Lagos presentó una cautela de garantías para que se fijen límites en la revisión y extracción de datos de esos dispositivos. En el escrito, firmado por el abogado Marcelo Abujiar, se solicita que la intervención se circunscriba exclusivamente a información vinculada con la causa penal que investiga presuntos pagos y gestiones irregulares.

Según antecedentes del expediente, y como consta en declaraciones que el Ministerio Público, la fiscalía, atribuye a Lagos, Peñaloza habría registrado supuestos pagos que, según la investigación, involucrarían a Lagos y a Marios Vargas para influir a favor de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en fallos relacionados con la disputa entre Codelco y la empresa Belaz Movitec. Parte de esa declaración atribuida a Lagos fue declarada ilegal semanas atrás, según consta en el mismo sumario.

La defensa sostiene que varios de los elementos requisados pertenecen a la oficina de Lagos y Vargas y que estaban en custodia de Peñaloza porque ella se mantiene con permiso postnatal. Pide además que se protejan "datos personales ajenos a la investigación, confidencias recibidas en el ejercicio de una profesión, y datos de clientes o empresas que no forman parte del proceso penal", por el riesgo de afectación a terceros no implicados.

Eduardo Lagos, imputado en la trama bielorrusa, advirtió que "la revisión indiscriminada de un dispositivo por parte de la Fiscalía o las policías puede vulnerar la estrategia de defensa y la confidencialidad abogado-cliente". El Ministerio Público no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento público sobre la cautela presentada.

El caso reúne a instituciones relevantes del sistema judicial chileno: Carabineros, a través del OS7; el Ministerio Público, que dirige la investigación; y los tribunales que deberán resolver la pretensión de la defensa. La discusión apunta a conciliar la eficacia investigativa con garantías procesales, en especial la protección de comunicaciones sometidas a secreto profesional y la privacidad de terceros.

Corresponderá a los tribunales decidir si se acotan los procedimientos de extracción de información y bajo qué protocolos técnicos o periciales se realiza la revisión de los dispositivos. La resolución tendrá implicancias para la marcha de la causa y para la protección de los datos no relacionados con el delito que investiga la fiscalía.