La proporción de egresados que estudiaron con Crédito con Aval del Estado, CAE, y que terminaron con la garantía del crédito ejecutada —es decir, la garantía que se activa tras el no pago de cuotas— se elevó notablemente durante la administración de Gabriel Boric. Según cifras solicitadas por La Tercera a la Comisión Ingresa, la entidad que administra las cuentas del CAE, la tasa pasó del 28% en diciembre de 2021 al 53% en diciembre de 2025, un aumento de 25 puntos que equivale a unas 260.000 personas más con la garantía ejecutada.
El debate público sobre esa alza está vivo. Críticos del gobierno han señalado que la promesa de condonación del CAE pudo haber incentivado el impago entre beneficiarios. El Ejecutivo, por su parte, reconoce el aumento, pero sostiene que responde a factores independientes a la promesa y que la ejecución de garantías venía creciendo antes del compromiso de condonación, según consignó La Tercera a partir de los datos de la Comisión Ingresa.
Los números ayudan a entender por qué la discusión se concentra en la última administración. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera la proporción de egresados con garantías ejecutadas subió del 15% (44.864 personas) en diciembre de 2017 al 28% (163.000 personas) en diciembre de 2021, un incremento de 13 puntos. En el periodo de Boric, en cambio, la tasa partió en 28% (163.000 personas) y llegó a 53% (423.200 personas) a fines de 2025.
El informe también distingue entre quienes egresaron y quienes desertaron. En ambos gobiernos la tasa de garantías ejecutadas entre desertores subió 16 puntos. En la administración de Boric pasó de 60% (103.100 personas) a 76% (170.500 personas) del total de desertores con el beneficio. En Piñera II, ese porcentaje avanzó de 44% a 60%, según los mismos registros.
¿Qué significa en la práctica que se ejecute la garantía? Cuando un deudor deja de pagar, el acreedor puede activar la garantía que respalda el crédito, lo que suele traducirse en cobros judiciales, deterioro del historial crediticio y, a la larga, costos para el Estado si la garantía es cubierta por el fisco. Esto afecta tanto a exalumnas y exalumnos que viven con deudas impagas, como a las finanzas públicas y a la discusión sobre cómo ejecutar una eventual condonación sin generar incentivos contrarios al cumplimiento.
Los datos de la Comisión Ingresa muestran que la tendencia al alza no nació de la noche a la mañana, pero la intensidad del salto durante el periodo 2021-2025 alimenta preguntas sobre el efecto de mensajes públicos, la capacidad de cobro y las condiciones laborales y salariales de las personas tituladas. Para afinar políticas se requieren más desagregaciones, por ejemplo por carrera, cohorte, región y nivel de ingresos, que permitan distinguir a quiénes alcanzaría una condonación y cuál sería su costo real.
La discusión continuará en la arena política y técnica. Mientras tanto, los registros de la Comisión Ingresa, citados por La Tercera, dejan claro que la ejecución de garantías entre egresados creció con fuerza en los últimos cuatro años, y que esa cifra será un insumo clave en cualquier diseño futuro sobre el CAE y su eventual condonación.