En la Reunión Anual del World Economic Forum (WEF, Foro Económico Mundial) en Davos, el foro declaró 2026 como el Año del Agua y puso el agua en el centro de la agenda global. La cita reunió a dirigentes del sector público y privado, y puso sobre la mesa cifras y propuestas que buscan trasladar la discusión de la retórica a la acción.
Que Davos proponiga un «Blue Davos» no es solo una puesta en escena. El WEF acompañó el anuncio con iniciativas como el Water Resilience Challenge, orientado a identificar soluciones en infraestructura, agricultura y diseño urbano, y con advertencias duras que llegaron desde figuras como Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos señalaron que sin atender desigualdades económicas y sociales, las respuestas al cambio climático y a la escasez hídrica serán incompletas (World Economic Forum, Global Risks Report 2026).
Los números que se citaron en Davos obligan a poner en perspectiva la magnitud del problema. Según el Programa Conjunto de Monitoreo sobre Agua, Saneamiento e Higiene de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, 2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. El World Resources Institute estima que alrededor de 3.2 mil millones de personas enfrentan escasez hídrica severa al menos un mes al año. Además, informes previos del WEF muestran que más del 50% del PIB mundial depende de la naturaleza y de servicios ecosistémicos como el agua, lo que convierte una crisis ambiental en riesgo económico (World Resources Institute; Organización Mundial de la Salud y UNICEF; World Economic Forum).
Es importante distinguir entre problemas distintos pero relacionados. Falta de acceso a agua potable es una cuestión de salud pública y justicia social; estrés hídrico y escasez son problemas de gestión de cuencas, clima y demanda. Por eso conceptos empresariales como ESG, sigla en inglés para Environmental, Social and Governance, tienen sentido solo si se traducen en cambios reales: inversión en infraestructura, protección de cuencas, respeto por derechos humanos y métricas que incluyan capital natural y social. Reducir ESG a listas de verificación no enfrentará la complejidad del agua, como subrayó el informe de riesgos globales citado en Davos.
¿Qué implicancia tiene esto para Chile? El país lleva años lidiando con sequías prolongadas, retroceso de glaciares y presión sobre ríos y embalses, especialmente en la zona central. La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas ha reportado fluctuaciones y tendencias preocupantes en niveles de cauces y recursos superficiales en la última década, lo que ha impactado al mundo agrícola, a la producción eléctrica dependiente de hidroelectricidad y al abastecimiento urbano. Las iniciativas globales anunciadas en Davos pueden ofrecer financiamiento, tecnologías y marcos de gobernanza que sean útiles, pero su efectividad dependerá de cómo se adapten a la realidad local: gestión por cuencas, reglamentación de derechos de agua, protección de humedales y participación de comunidades.
También hay una dimensión de justicia: las soluciones técnicas sin abordar inequidades pueden reproducir exclusiones. En Chile, muchas comunidades rurales y pueblos indígenas han denunciado la falta de acceso equitativo al agua y la escasa participación en decisiones sobre su uso. Por eso, la insistencia de líderes internacionales en que la respuesta sea sistémica y centrada en desigualdades no es un detalle retórico, sino una condición para que las inversiones en resiliencia funcionen.
Davos ofreció compromisos y visibilidad, pero la memoria del compromiso global obliga a preguntarse por la implementación. El precedente del Pacto Global de Naciones Unidas, lanzado en Davos en 1999, mostró que acuerdos y buenas intenciones necesitan marcos vinculantes, transparencia y rendición de cuentas para traducirse en cambios reales. En el caso del agua, eso implica combinar inversión en infraestructura con políticas de gobernanza de cuencas, protección de ecosistemas que regulan el ciclo hídrico y sistemas de información que permitan tomar decisiones basadas en datos verificables.
Para Chile, la pregunta práctica es qué se hará con las herramientas que surjan de Davos: cómo se incorporarán fondos privados y públicos, cómo se regularán los derechos de uso, y cómo se asegurará que las comunidades vulnerables mejoren su acceso al recurso. La discusión global ahora pone el foco en la necesidad de integrar capital natural y social en las decisiones económicas; la respuesta en Chile dependerá de políticas públicas claras, capacidad técnica y mecanismos de participación.
Davos no solucionará la escasez por sí mismo, pero puede marcar prioridades y movilizar recursos. La prueba estará en las acciones concretas en los próximos años: inversiones en almacenamiento y tratamiento, restauración de cuencas, adaptación de la agricultura, y reformas regulatorias que pongan al agua como bien común y componente central del desarrollo. Si la declaración del Año del Agua se traduce en medidas que reducen la vulnerabilidad de las personas, entonces la memoria del compromiso habrá valido la pena. Mientras tanto, queda la tarea urgente de supervisar compromisos, exigir transparencia y asegurar que las soluciones globales respondan a las realidades locales de Chile y de las comunidades más afectadas.
