La Corte de Apelaciones de Santiago falló por unanimidad y respaldó el decreto alcaldicio que ordena el desmantelamiento de la feria instalada en la calle Santo Domingo, en el centro de la capital, al constatar la ausencia de permisos técnicos esenciales. El decreto fue firmado por Mario Desbordes, alcalde de Santiago y político chileno, según consta en la resolución del tribunal.

El tribunal concluyó que la organización que administra el mercado, la Asociación Gremial de Artesanos y Comerciantes Santo Domingo Vive AG, admitió no contar con la documentación técnica básica para la edificación y operación del recinto. En el fallo los magistrados señalan que la reclamante "reconoce la inexistencia de permisos de obra y certificados de recepción final, sin alegar ni menos acreditar lo contrario", y que ambos permisos son procesos esenciales para la construcción, ocupación y habitabilidad de cualquier obra.

Los comerciantes habían argumentado que el pago de contribuciones y de derechos municipales, y el transcurso del tiempo, deberían entenderse como un saneamiento o regularización de su situación. La Corte rechazó esa tesis de forma categórica: según la resolución, los pagos no pueden sanear una situación de la naturaleza que nos ocupa, por lo que la presunta legitimación administrativa invocada por los locatarios no es suficiente.

La sentencia recuerda además que en mayo de 1992 se otorgó un permiso provisorio de apenas tres años, por lo que, en teoría, la feria debió ser desmantelada a mediados de la década de los 90. La resolución cita el artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, norma chilena que faculta la demolición y el desalojo una vez vencido el plazo correspondiente. Sobre esa base legal, los magistrados sostienen que la orden municipal no es un acto "injusto ni irracional", sino la consecuencia jurídica de años de incumplimiento.

El fallo pone en tensión dos realidades que conviven en la ciudad: por un lado, la necesidad de aplicar las normas urbanísticas y de seguridad; por otro, la dimensión social y cultural que tienen las ferias artesanales en Santiago, espacios que han sido desde siempre oasis de trabajo, memoria y oficio popular. Si bien la Corte se ciñe a la legalidad, la decisión reabre el debate sobre cómo las autoridades municipales y el Estado abordan la informalidad comercial y la protección de medios de vida ligados al patrimonio urbano.

La resolución no detalla fechas concretas para la ejecución de la demolición ni informa sobre medidas de contingencia para los locatarios afectados. Tampoco hay en el fallo constancia de que la Asociación Gremial haya presentado pruebas nuevas que acrediten la regularización de las estructuras. En ese vacío quedan las preguntas prácticas: dónde reubicar a los artesanos, si habrá programas de apoyo o subsidios para la transición, y cómo se preservarán las expresiones culturales asociadas a la feria.

La ratificación judicial refuerza la posición de la Municipalidad de Santiago, que con este pronunciamiento cuenta con respaldo para ejecutar la orden administrativa. Para la comunidad de comerciantes, en cambio, la decisión representa un revés legal y económico que puede traducirse en pérdida de puestos de trabajo y de un punto de encuentro para oficios tradicionales. En adelante, la discusión probablemente migrará de la sala judicial a las oficinas municipales y a las mesas ciudadanas, donde se deberá conciliar la exigencia normativa con propuestas concretas para salvaguardar el tejido cultural que sustentan las ferias artesanales.