La Corte de Apelaciones de Talca rechazó liberar a cuatro imputados del caso Castillo de Naipes. Acogió los argumentos de la Fiscalía y mantuvo su prisión preventiva, la medida cautelar más estricta que existe mientras se investiga. Los cuatro están formalizados, entre otros delitos, por fraude al fisco y cohecho, es decir, por pagar o recibir sobornos.
Así lo informó La Tercera, que no precisó la fecha de la resolución. ADN Radio también publicó la decisión, citando a Diario Talca. Ninguna de las dos fuentes entrega el número de causa (RIT o RUC, los códigos que identifican un proceso en tribunales y en la Fiscalía).
Al ser formalizados, los imputados quedaron notificados de que se les investiga por estos delitos. Eso no implica una condena. La Corte, actuando como tribunal de segunda instancia, revisó si correspondía mantenerlos privados de libertad durante la investigación y confirmó que sí.
La primera imputada es la funcionaria de Obras de la Municipalidad de Longaví. La Tercera la identifica como Yolanda Flores y ADN Radio como Yolanda López, inspectora técnica de obras. Está formalizada por asociación criminal, fraude al fisco y cohecho.
La segunda es Aida Leiva Torres, socia mayoritaria de la Constructora Pereira e Hijos Ltda. Según ADN Radio, enfrenta cargos por asociación criminal, estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, cohecho activo reiterado y lavado de activos.
La tercera es Marisel Astudillo Meza, jefa del Departamento de Adquisiciones de la Municipalidad de San Javier, formalizada por asociación criminal, fraude al fisco y cohecho.
El cuarto es Rodrigo San Martín, del Gobierno Regional (Gore) del Maule. La Tercera lo describe como jefe subrogante de obras civiles. ADN Radio, como encargado subrogante de la Unidad de Ejecución y Fiscalización de Obras. Enfrenta los mismos cargos que Astudillo.
Según la Fiscalía, la investigación comenzó en 2024. Las diligencias apuntan a una presunta asociación criminal que habría estafado a municipalidades del Maule sur, a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la región y al Gore del Maule. Las operaciones se habrían hecho a través de una constructora y de una empresa de factoring, es decir, de compra de facturas.
El fiscal a cargo, Patricio Caroca (La Tercera lo escribe Carca), dijo que el fallo permite ratificar que "se encuentran acreditados preliminarmente" los delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación criminal y lavado de activos imputados.
Con esta resolución, son 13 los imputados en prisión preventiva en la causa. El fiscal anunció que seguirá buscando identificar a cada persona que participó en el fraude, particularmente en municipalidades y organismos de la región. Aún no hay una acusación formal ni fecha de juicio.