Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva. Los acusan del presunto delito de prevaricación administrativa.
De acuerdo con BioBioChile, la acción apunta a los decretos que otorgaron rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad. Según El Periodista, los beneficiados son 56 condenados.
La prevaricación administrativa ocurre cuando una autoridad dicta resoluciones contrarias a una ley expresa. El artículo 228 del Código Penal la tipifica como delito.
Los parlamentarios sostienen que el artículo 17 de la Ley 19.856 fija límites expresos al beneficio. Esa norma permite reducir el tiempo de condena a reos con comportamiento sobresaliente, pero excluye determinados delitos sexuales cometidos contra menores.
El Ministerio de Justicia otorgó las rebajas amparándose en una interpretación de la Corte Suprema sobre la aplicación retroactiva de la Ley 21.421, que excluye de estos beneficios a quienes cometieron delitos sexuales contra menores. La cartera también invocó los principios de eficiencia y eficacia administrativa para evitar una eventual judicialización de los casos. Los diputados cuestionan ambos argumentos.
"El ministro Rabat le miente al país y le miente a las víctimas y sus familias. Ninguna ley lo obligaba a liberar pederastas", afirmó Cuello.
El diputado comunista agregó que el ministro dictó "un decreto ilegal bajo el argumento inaceptable de ahorrar un juicio". A su juicio, esa decisión hoy pone en riesgo a las familias y a las víctimas.
Se trata de la primera acción judicial contra Rabat por este caso. La denuncia es una acusación de los parlamentarios y, por sí sola, no implica que exista un delito. Ahora corresponde a la Fiscalía decidir si abre una investigación.
El gobierno ya había respondido a la polémica. El presidente José Antonio Kast reconoció un error, admitió que el Estado les falló a las víctimas y descartó sacar a Rabat. Le encargó corregir los beneficios otorgados.
Sin embargo, el vocero Arenas descartó un error legal en los decretos. Según el Ejecutivo, Rabat busca una fórmula para suspender las 56 rebajas de pena y el gobierno anunció un proyecto de ley para cerrar el tema. Hasta ahora, el gobierno no ha respondido públicamente a la denuncia.
