El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió este domingo los decretos que redujeron las penas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Según El Mostrador, el secretario de Estado responsabilizó al gobierno anterior y anunció un proyecto de ley para cambiar el mecanismo.
Rabat habló en el programa Estado Nacional. Reconoció una "semana compleja", tanto por las dificultades técnicas y jurídicas como por el impacto en las víctimas de delitos de especial gravedad.
La entrevista ocurrió después de que el presidente José Antonio Kast ordenara suspender las rebajas de condena. Aun así, el ministro defendió el cambio de criterio de su cartera y apuntó a la administración de Gabriel Boric: "hubo otro gobierno que tuvo este problema cuatro años en sus manos y no hizo absolutamente nada para corregirlo".
Rabat también respondió a quienes le reprochan no haber recurrido a tribunales. "Si usted me dice que pelear en los tribunales es recibir más de 200 sentencias en el mismo sentido (...) yo le digo que eso no es así", afirmó.
Su argumento central son los fallos de la Corte Suprema. Según el ministro, en más de 250 oportunidades el máximo tribunal dijo a ministros anteriores que habían privado de libertad a una persona de forma ilegal. "Si yo no reacciono (...) creo que estoy en una omisión importante", sostuvo.
El Gobierno ingresará el lunes un proyecto con discusión inmediata, la urgencia más alta que el Ejecutivo puede asignar en el Congreso. El primer cambio incorpora formalmente a las víctimas en el proceso.
Rabat explicó que la reforma de 2023 al decreto ley 321, sobre libertad condicional, permitió escuchar a las víctimas. Sin embargo, esa regla no llegó al mecanismo de reducción de condenas que regula la ley 19.856.
El segundo cambio amplía el control judicial. Hoy, según el ministro, la revisión de Justicia "no es del mérito de la decisión, sino que únicamente es una cuestión formal, objetiva". La propuesta busca que el juez de garantía pondere también el fondo de cada caso.
El debate tiene antecedentes. El exministro de Michelle Bachelet, José Antonio Gómez, recordó que en 2015 rechazó 500 decretos de este tipo. Luis Cordero, exministro de Boric, acusó a Rabat de apartarse de la ley.
Sobre una eventual acusación constitucional, Rabat dijo que es una facultad de los parlamentarios, pero aseguró que ha actuado "conforme a la Constitución y la ley". También descartó dimitir: "No he pensado en renunciar", afirmó, y dijo esperar acompañar a Kast durante sus cuatro años de mandato.
El próximo paso es el ingreso del proyecto este lunes. Queda por ver si el Congreso lo despacha en los seis días que exige la discusión inmediata.
