El exministro del Trabajo Ricardo Solari, militante del Partido Socialista (PS), afirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, debió renunciar tras la polémica por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, según Cooperativa. El dirigente habló en El Primer Café, el programa de conversación de esa radio, luego de que el Presidente José Antonio Kast reconociera este lunes un error del Gobierno.
La controversia surgió por los criterios que aplicó el Ministerio de Justicia para conceder reducciones de condena. Esos criterios alcanzaron a condenados por abusos contra menores de edad y por violaciones a los derechos humanos. Durante una semana, el Ejecutivo defendió la decisión de Rabat. Este lunes, Kast admitió la equivocación y anunció cambios legales para evitar que el caso se repita.
Para Solari, el cambio de postura llegó cuando La Moneda midió el costo. Según el exministro, el Gobierno comprendió hacia el fin de semana el problema en que estaba. Como prueba, citó la encuesta Cadem: un 92% de los encuestados rechazó la medida.
Solari también recordó que el nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, usó su debut para defender el procedimiento como correcto. "El ministro debería haber dado un paso al costado si metió al Gobierno en un tremendo problema por una interpretación jurídica", sostuvo. Agregó que esa lectura legal ofendía a las víctimas y favorecía a los delincuentes.
Desde la Democracia Cristiana, su vicepresidente Luis Ruz coincidió en el diagnóstico. Dijo que Kast asumió un "descriterio completo" del ministro y lo atribuyó a una improvisación permanente del Ejecutivo. También expresó dudas sobre si Rabat tiene respaldo político suficiente para impulsar la solución anunciada por el mandatario.
El oficialismo respondió con dureza. Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, calificó las críticas como una "bajeza política". Acusó a la administración anterior de conocer el mismo vacío interpretativo durante cuatro años sin hacer nada. A su juicio, el Gobierno enfrentó el tema y ahora entrega soluciones.
El analista Nicolás Freire, militante del Partido Liberal, pidió cautela a la oposición frente a las amenazas de juicio político. Recordó que el Congreso puede citar al ministro a dar explicaciones antes de llegar a una acusación constitucional, que es el mecanismo para destituir a una autoridad.
Freire, sin embargo, advirtió un flanco abierto para el Gobierno. Según él, sectores cercanos al oficialismo, como el Partido Nacional Libertario y parte del Partido Republicano, han presionado por indultos para condenados por violaciones a los derechos humanos. El caso Rabat podría dejar a La Moneda en una posición incómoda frente a esas peticiones.
Kast mantuvo al ministro en su cargo. Rabat deberá ahora corregir los beneficios otorgados, mientras el Gobierno prepara las medidas legislativas comprometidas por el Presidente, cuyo detalle y plazo de envío al Congreso aún no se conocen.
