El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió este miércoles ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno de José Antonio Kast que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Lo hizo en una sesión tensa, con duros reparos de la oposición.
Según informó La Tercera, Rabat llegó acompañado del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, quien expuso los cinco ejes de la iniciativa. Los más polémicos son dos: eliminar la facultad del INDH de presentar querellas criminales y reducir su Consejo de 11 a cinco integrantes.
El argumento central del Ejecutivo es una cifra. De acuerdo con Emol, Rabat afirmó que el instituto interpuso 3.263 querellas durante el estallido social, de las cuales "solamente han tenido algún destino 68". A su juicio, "ha habido un abuso en el ejercicio de la acción penal". Agregó que esa tarea corresponde al Ministerio Público, el organismo autónomo que persigue los delitos en Chile.
El ministro también recurrió a la historia legislativa. Recordó que el proyecto original que creó el INDH no incluía las querellas. La Cámara aprobó esa facultad, el Senado y la comisión mixta la rechazaron, y finalmente la incorporó un veto de la expresidenta Michelle Bachelet. Rabat dijo además que, de 25 institutos similares analizados en el extranjero, ninguno tiene esa atribución.
La reforma, ingresada el lunes al Congreso, reemplaza las querellas por denuncias institucionales ante las autoridades. Mantiene los recursos de amparo y protección. También crea una Dirección Ejecutiva, reconoce la opción de presentar opiniones técnicas ante tribunales (amicus curiae) y suma la supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las críticas vienen del propio instituto. Su director, Yerko Ljubetic, sostuvo que el proyecto "daña la democracia", lo calificó de "evidentemente ideológico" y dijo que es el mayor retroceso en derechos humanos desde el fin de la dictadura. Rabat respondió que eso es "totalmente equivocado" y que la reforma busca un INDH "acogido por todos los chilenos y no solamente por algunos".
El punto más sensible para la oposición es la transición. El gobierno propone un consejo implementador de cinco miembros, designados por el Senado desde una nómina única del Presidente, por dos años. Ljubetic ha advertido que un consejo de confianza presidencial amenaza la autonomía del organismo. El Ejecutivo replica que el INDH podrá aprobar sus estatutos sin visto bueno presidencial.
En la sesión, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio), exdirectora del INDH, advirtió que las acciones judiciales quedarían "en cero" y pidió invitar a la Fiscalía. Lorena Pizarro (PC) dijo que el proyecto trata al instituto como "una empresa" y lo calificó como "un enorme retroceso".
Desde la vereda contraria, el diputado Javier Olivares (Partido de la Gente) planteó eliminar el INDH y dijo que al gobierno "le faltaron pantalones". La presidenta de la comisión, Gloria Naveillán, lo llamó al orden. El proyecto sigue su primer trámite en la Cámara de Diputados.
