Comptroller General’s Office clears Megareform but raises concerns over provisions linked to Constitutional Court rulings

The oversight body suggested that Congress and the executive branch better regulate provisions linked to articles that the Constitutional Court declared unconstitutional.

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La Contraloría General de la República dio curso al decreto promulgatorio de la Ley N° 21.850, la llamada Megarreforma del Gobierno, según La Tercera. El organismo lo informó en un oficio publicado este viernes, aunque formuló observaciones sobre algunas disposiciones del texto.

De acuerdo con ese medio, la Contraloría verificó que el decreto coincide con el oficio de ley despachado por el Congreso Nacional. También constató que se ajusta a lo resuelto por el Tribunal Constitucional (TC), el órgano que revisa si las leyes respetan la Constitución.

En este tipo de trámites, la revisión del ente contralor es acotada. Consiste en comprobar que una autoridad competente dictó el decreto y que el texto promulgado corresponde fielmente al aprobado por los parlamentarios. Si el TC ya se pronunció, además debe chequear que la ley respete sus sentencias.

En este caso, la Contraloría no encontró diferencias entre el texto de la ley, lo aprobado en el Congreso y los fallos previos del TC. Por eso resolvió continuar con la tramitación.

Sin embargo, el organismo hizo alcances sobre formulaciones que siguen vinculadas a normas declaradas inconstitucionales durante la discusión del proyecto. Entre ellas aparecen materias de un procedimiento indemnizatorio y referencias a un tribunal arbitral que, según el documento, ya no existe dentro de ese mecanismo.

En la práctica, la ley conserva menciones a piezas que el TC eliminó. Esa situación puede generar dudas de interpretación al aplicar la norma. La nota de La Tercera no detalla qué sectores o personas podrían verse afectados por esas referencias.

Para el Gobierno, el visto bueno despeja el camino para publicar la ley. No obstante, deja abierta la tarea de corregir los cabos sueltos que dejó el paso por el TC.

La Contraloría sugirió a los órganos colegisladores, es decir, el Congreso y el Ejecutivo, evaluar una regulación más detallada para evitar que sigan vigentes disposiciones ligadas a normas inconstitucionales. Hasta ahora, no se conoce una respuesta oficial del Gobierno ni de los parlamentarios a esa recomendación.

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