Use-of-force law published with challenge pending before Constitutional Court

Senator Juan Luis Castro warned that the Constitutional Court has yet to decide whether to accept the opposition's challenge, while the government considers it too late.

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Retrato de Juan Luis Castro González como senador de la República de Chile en 2022In SpanishImage: commons.wikimedia.org · Biblioteca del Congreso Nacional de Chile · CC BY-SA 3.0 CLArchive image · 2022

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Este viernes se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.849 sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), según CNN Chile. La norma rige para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, es decir, Carabineros y la PDI, y para las Fuerzas Armadas.

La publicación ocurrió aunque parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Esa acción busca impugnar algunos elementos centrales de la ley. La fuente no detalla cuáles son esas normas objetadas.

El Gobierno sostiene que la oposición ingresó el requerimiento después de completar el proceso de promulgación. Por eso, a juicio del Ejecutivo, la acción no sería admisible.

El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista (PS), cuestionó esa decisión. "Ingresamos al requerimiento, fue notificado el gobierno y aun así, sabiendo que tenía un control de constitucionalidad pendiente, mandaron a promulgar la ley de RUF", afirmó.

Castro planteó que la discusión sigue abierta. Según el parlamentario, el TC debe emitir un veredicto sobre la admisibilidad, y eso ocurrirá la próxima semana.

También lanzó una advertencia a quienes celebran la publicación. Pidió no "cantar victoria" y dijo que la ley "es importante que exista", pero que tiene reparos sobre los derechos de las personas.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respondió con los plazos legales. "La Constitución es muy clara en los requisitos para poder requerir al Tribunal Constitucional", sostuvo.

Pavez agregó que no se puede presentar el requerimiento después de la promulgación ni cinco días después de que llegue el oficio que despacha el proyecto desde el Congreso. Esa es la base del argumento oficialista.

El choque tiene consecuencias concretas. Si el TC declara admisible la acción, podría revisar partes de una ley que ya está vigente para policías y militares. Si la rechaza, la normativa queda firme. La decisión del tribunal se espera durante la próxima semana.

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