Nuestro actual Código del Trabajo obliga a las empresas con más de 19 trabajadoras a financiar sala cuna. Esta ley, vigente por décadas, es una fuente de discriminación pues encarece la contratación de mujeres, especialmente en empresas pequeñas.
El proyecto de Sala Cuna Universal que tramita el Congreso intenta corregir esto. Su lógica es simple y clara: si el cuidado infantil es una responsabilidad social, su costo debe distribuirse entre todos los trabajadores y no recaer sobre quien contrata mujeres en edad fértil.
La propuesta elimina el umbral de las 20 trabajadoras, crea un fondo financiado con una cotización patronal del 0,2% sobre todas las remuneraciones, y extiende el beneficio a trabajadoras independientes y a padres cuidadores. La evidencia internacional respalda esta lógica.
El caso más estudiado es la reforma de Quebec de 1997, que universalizó el acceso a guarderías subsidiadas. Estudios recientes muestran que las madres que accedieron al programa aumentaron sus ingresos respecto de sus pares sin acceso, y las empresas que las contrataron mejoraron su desempeño.
En Alemania y España se documentaron efectos similares. En el caso de Chile, el estudio de Escobar et al.