La Corte Suprema de Estados Unidos falló el viernes a favor de grupos empresariales y 12 estados que demandaron al gobierno, y concluyó que la administración se excedió al usar la Ley de Poderes de Emergencia Internacional, IEEPA por sus siglas en inglés, para imponer aranceles a decenas de socios comerciales.

El máximo tribunal sostuvo, en una frase citada en el fallo, que "nuestra tarea hoy es decidir únicamente si la facultad de ‘regular... la importación’, tal como se le otorgó al presidente en la IEEPA, incluye la facultad de imponer aranceles. No es así". La decisión anula el grueso del programa arancelario impulsado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En su primera reacción pública tras el fallo, Trump dijo que recurrirá a otra norma, la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente establecer restricciones a las importaciones por hasta 150 días. El mandatario afirmó que impondrá un gravamen del 10% sobre aranceles existentes, y que "se utilizarán otras alternativas para reemplazar las nuevas que el tribunal rechazó incorrectamente". No quedó claro de inmediato a qué aranceles concretos se refería.

El caso fue impulsado por empresas estadounidenses que alegaron perjuicios comerciales, y contó con la adhesión de 12 estados. El fallo limita la capacidad del Ejecutivo para desplegar aranceles por vía de decretos de emergencia, y se interpreta como un freno judicial a un uso amplio de poderes extraordinarios para la política comercial.

El régimen arancelario anunciado por la administración terminó 2025 con una tasa arancelaria efectiva superior al 10%, la más alta desde la Segunda Guerra Mundial, y había generado inquietud entre aliados y nerviosismo en los mercados. La reacción inicial fue moderada: el índice del dólar estadounidense cayó 0,1%.

¿Quién gana y quién pierde? Ganaron los demandantes y los estados que recurrieron a la justicia, y ganó el criterio jurídico que acota la IEEPA. Pierde la estrategia del Ejecutivo de usar decretos de emergencia para cambiar aranceles a gran escala. Para el ciudadano común, la decisión reduce una vía de decisión unilateral, pero la amenaza de nuevas medidas mediante la Ley de Comercio mantiene la incertidumbre sobre precios y empleo en sectores exportadores.

Desde la perspectiva chilena, la resolución importa porque añade volatilidad al comercio con Estados Unidos, uno de los mercados clave para exportaciones regionales. Exportadores chilenos, especialmente de productos primarios y manufacturas con acceso a la cadena de valor norteamericana, enfrentan mayor inseguridad sobre aranceles y posible repercusión en la demanda.

En adelante, el gobierno de Trump puede intentar imponer medidas por la Ley de Comercio de 1974, y es probable que se produzcan nuevas disputas legales y tensiones comerciales con socios internacionales. La decisión marca además un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en materia económica que puede influir en futuras políticas comerciales en Estados Unidos y en su relación con América Latina.