El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (MEF) convocó a una mesa técnica para este martes 24 de febrero, tras gestiones de la congresista Ariana Orué, para analizar una propuesta de retiro parcial de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el sistema público de pensiones del país.

La iniciativa impulsada por Ariana Orué, congresista peruana del partido Podemos Perú, busca que cada aportante de la ONP pueda recibir hasta 4 UIT (S/22.000), en función de lo ya aportado. En su cuenta de Facebook la parlamentaria escribió que "logramos que se forme un grupo técnico de trabajo del MEF para encontrar una solución viable, legal y constitucional al retiro parcial y excepcional de los aportes de la ONP en casos especiales vía Bonos de Reconocimiento".

La propuesta llega en medio de la presión pública y política, a pocas semanas de las elecciones de abril en Perú. No obstante, voces técnicas ya han mostrado escepticismo. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, ha señalado que la medida no sería viable porque la ONP es un sistema de reparto y no guarda los aportes de forma individual para cada afiliado, sino que los distribuye entre los jubilados actuales.

La ONP, Oficina de Normalización Previsional, funciona como un sistema de reparto. Esto significa que los aportes se usan para pagar pensiones vigentes, a diferencia del sistema de capitalización individual como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile. Esa diferencia técnica es la base del argumento fiscal contra la devolución de aportes.

En paralelo, el ex primer ministro y político peruano Guido Bellido también pidió al "presidente José María Balcázar" que evalúe el retiro de hasta 4 UIT con el MEF; el texto original no precisa de qué institución sería presidente José María Balcázar. Bellido admitió riesgos sobre la sostenibilidad fiscal y propuso que el dinero requerido provenga del propio Congreso de la República de Perú, para evitar que la medida se desestime por motivos presupuestarios.

Técnicamente, la mesa del MEF deberá estudiar la viabilidad legal, el costo fiscal y la forma de entrega, incluida la opción de usar Bonos de Reconocimiento. No hay cifras públicas sobre el costo agregado de la medida ni estimaciones oficiales sobre cuántos aportantes podrían acogerse. Esa ausencia de datos es central: sin una evaluación del impacto presupuestal, cualquier avance legislativo podría tensionar las finanzas públicas y la capacidad de pago de las pensiones actuales.

Desde la mirada chilena, el debate peruano subraya dos lecciones relevantes: primero, la diferencia estructural entre un sistema de reparto como la ONP y un sistema de cuentas individuales como las AFP chilenas; segundo, cómo la presión política en años electorales puede traer al centro políticas con impacto fiscal importante. La decisión técnica del MEF el martes 24 de febrero será el primer paso; el desenlace dependerrá luego del análisis presupuestal y de la tramitación en el Congreso peruano, que definirá si la propuesta avanza, se modifica o se descarta.