La exministra Karla Rubilar calificó como "un error gravísimo" que el Gobierno de José Antonio Kast rebajara las condenas de 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores, según CNN Chile. Además, pidió al Presidente reconocer públicamente la equivocación.
Rubilar recordó que votó por Kast y dijo que ha buscado plantear su postura con respeto. Sin embargo, sostuvo que asumir rápido un error permite corregir, explicar a la ciudadanía y poner a las víctimas al centro.
La exministra valoró que el Ejecutivo dejara de conceder estas rebajas por la vía administrativa. Lo describió como "un muy buen primer paso", aunque advirtió que "todavía falta".
Su principal petición apunta al mandatario. Según Rubilar, Kast debe decir en público que no conocía los decretos, como afirmó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que nunca habría autorizado rebajas para delitos de esa gravedad. A su juicio, ese gesto sería un alivio para familias que hoy no saben si el agresor de sus hijos quedó libre.
Con Rabat fue más dura. El ministro defendió en un inicio las rebajas como aplicación de la doctrina de la Corte Suprema y dijo que volvería a tomar la misma decisión. Rubilar consideró esa frase una revictimización. "El ministro Rabat debe pedir disculpas públicas", afirmó la exministra, y agregó que a esas familias les costó muchísimo obtener las condenas.
Consultada por los condenados por violaciones a los derechos humanos, Rubilar respondió que las rebajas administrativas son, en general, un error. En su opinión, el Poder Judicial debe resolver cada caso. También advirtió que hay que proteger al Presidente, porque este tipo de decisiones puede causar un daño muy grande.
La polémica abrió además un flanco dentro del oficialismo. El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, aludió a la relación del exministro de Justicia Hernán Larraín con Paul Schäfer, el líder de Colonia Dignidad. Squella escribió en redes sociales: "Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer".
El comentario respondió a una explicación previa de Larraín. El exministro del gobierno de Sebastián Piñera dijo que rechazó estas solicitudes, pero que la doctrina de la Corte Suprema lo forzó a concederlas. Por eso promovió la Ley 21.421, vigente desde 2022, que deja fuera de este beneficio a quienes fueron condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Rubilar salió en defensa de Larraín, a quien llamó "un servidor público de tomo y lomo". Agregó que Squella, en el fondo, sabe que Larraín no merecía esas palabras.
El viernes, el Ministerio de Justicia informó por comunicado que suspendió la tramitación de los decretos de rebaja, tras detectar un "vacío legal" que afecta a condenados antes de 2022. La cartera anunció también proyectos de ley para restringir estos beneficios y asegurar que las víctimas sean escuchadas. En paralelo, la oposición evalúa presentar una acusación constitucional contra Rabat.
