Iván Moreira, senador chileno (Unión Demócrata Independiente, UDI) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, cuestionó la sanción de Estados Unidos contra altos funcionarios del Gobierno, a raíz del proyecto de cable submarino entre Chile y China.

"Ahora que tenemos todos los antecedentes, podemos opinar con propiedad. Sin lugar a dudas, la relación con Estados Unidos hay que fortalecerla, pero no puede ser que una relación bilateral con un país se base en presiones y disuasión", dijo Moreira, en referencia directa a la medida anunciada por Washington.

La iniciativa, denominada Chile-China Express, propone instalar un cable submarino que conecte Valparaíso con Hong Kong. Ese vínculo digital ha sido señalado por la administración estadounidense como un riesgo potencial para la seguridad regional. Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos, afirmó que "en su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional, en última instancia, a expensas del pueblo chileno".

Moreira defendió la legalidad del proyecto en el marco del derecho nacional. "A mí me parece que una cosa es fortalecer la relación entre Chile y Estados Unidos, y otra muy distinta es que, por un proyecto de un cable submarino, se proceda a actos de presión y, al mismo tiempo, de disuasión, invocando un problema de seguridad nacional, cuando, a la luz de Chile, está dentro de las normas legales de nuestro país", indicó el senador.

El episodio enlaza con antecedentes donde Washington ha manifestado reservas sobre inversiones chinas en infraestructura estratégica en la región, por motivos de seguridad. Eso sitúa el debate entre dos ejes: la búsqueda de mayor conectividad y oportunidades comerciales con Asia, y las preocupaciones de seguridad planteadas por Estados Unidos.

Políticamente, la disputa define ganadores y perdedores claros a mediano plazo. Gana protagonismo la UDI y sectores que ven en la sanción una intromisión diplomática; pierde margen el Gobierno para gestionar la relación con ambos socios. Para la ciudadanía, la controversia puede traducirse en una discusión sobre soberanía digital y en incertidumbre sobre proyectos que prometen mayor conectividad con Asia.

No existe, hasta ahora, una postura única y consolidada en el Congreso. La controversia ya ingresó a la agenda pública y es probable que impulse audiencias y debates en la Comisión de Relaciones Exteriores, cuyo presidente es Moreira. Quedan por ver las respuestas formales del Ejecutivo y cómo se traducen estas tensiones en decisiones concretas sobre el futuro del cable y la política exterior chilena.