La semana pasada el Servicio Electoral (Servel) elevó al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) las reclamaciones por la disolución de 13 partidos que no alcanzaron el umbral de subsistencia. De ese grupo, Evópoli, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el Partido Radical presentaron recursos ante el Tricel en la última instancia para evitar su desaparición. Evópoli fichó al exministro Juan José Ossa, militante de Renovación Nacional (RN), para que los represente en el expediente.

El punto central del pleito es cómo computar el requisito de cuatro parlamentarios electos que contempla la normativa para mantener la personería. El Servel sostiene que no se pueden sumar para ese requisito a dos senadores que fueron elegidos en comicios anteriores y que hoy están en la mitad de su periodo, y por ello rechaza su cómputo. Evópoli y la FRVS sostienen lo contrario y solicitan que esos parlamentarios sean considerados al contar los cuatro, porque, según su interpretación, la norma permite incluirlos.

En su reclamo, Evópoli cita la exposición del expresidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, ante la Comisión de Constitución del Senado el 11 de diciembre de 2024, para sostener que el Servel ha tenido posturas previas distintas a la resolución que ahora impugna. Allí Tagle dijo, en referencia a la redacción de la norma, "hay en general un vacío en la norma" y se preguntó "qué pasa con los senadores, ya sea los que se eligen en esa elección o están en ejercicio".

La decisión del Tricel será determinante. Si el tribunal ratifica la interpretación del Servel, los partidos que perdieron el umbral quedarán sin personería jurídica, lo que implica pérdida de inscripción formal, acceso a financiamiento público y capacidad de presentar candidaturas bajo ese sello. Si el Tricel acoge el argumento de Evópoli y la FRVS, se abre la puerta a que esos parlamentarios eviten la disolución de sus colectividades.

Este conflicto no es solo técnico. Reconfigura el mapa partidario y la oferta política para los ciudadanos, porque reduce o mantiene opciones electorales y puede modificar la dinámica legislativa. La resolución del Tricel también fijará un precedente judicial sobre cómo se aplican los umbrales de subsistencia y sobre la interpretación de normas que afectan a partidos pequeños.

Los cinco ministros del Tribunal Calificador de Elecciones deberán resolver el recurso. Su fallo será la última palabra administrativa en este proceso. La controversia deja en evidencia la tensión entre la letra de la norma y su aplicación práctica, y promete marcar cómo se cuentan los apoyos parlamentarios en futuras peleas por la supervivencia de los partidos.