La University of Southern Maine revocó de forma abrupta el acceso a una sala en su campus en Portland, Maine, Estados Unidos, días antes de una conferencia sobre Palestina, citando la participación en el programa de una persona bajo sanciones estadounidenses y la presión de legisladores locales. Más de 300 participantes estaban inscritos para el encuentro "Consequence of Palestine", que incluía la participación remota de Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.

Los organizadores, entre ellos Maine Coalition for Palestine, Maine Voices for Palestinian Rights y el departamento de criminología y sociología de USM (University of Southern Maine), buscan a contrarreloj un recinto alternativo y evaluan acciones legales contra la universidad, que forma parte del University of Maine system. Abigail Fuller, profesora de sociología en USM, afirmó "Somos una universidad pública; el sistema universitario está sujeto a las leyes de la Primera Enmienda", y dijo que el caso tiene una base jurídica fuerte para alegar censura.

La universidad justificó su decisión en un correo de Samantha Warren, directora de asuntos externos y gubernamentales del University of Maine system, que indicó que "albergando una conferencia que se promueve activamente como incluyendo a una persona sancionada por el gobierno de EE.UU. pondría a nuestra universidad pública en violación de la ley federal" y que los organizadores debían solicitar autorización al Departamento del Tesoro.

Esa interpretación choca con una aclaración emitida en diciembre por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que explicó que permitir la intervención de personas sancionadas como ponentes en conferencias no equivale necesariamente a proporcionar un servicio prohibido y no exige autorización previa. La ley de sanciones prohíbe a individuos y entidades estadounidenses intercambiar "bienes o servicios" con personas sancionadas, con sanciones que van desde multas hasta penas de prisión de hasta 20 años, pero expertos en libertad de expresión cuestionan que la norma sea vaga y tenga un efecto escalofriante sobre el debate protegido por la Constitución de EE.UU.

El choque entre la posición administrativa del sistema universitario y la guía de OFAC subraya un problema más amplio: la politización de las sanciones y su impacto en la libertad académica. Para América Latina y Chile esto no es sólo un caso remoto. La pretensión de aplicar medidas secundarias extraterritoriales puede forzar a universidades y organizaciones civiles chilenas a autocensurarse al invitar a académicos, activistas o funcionarios de territorios y estados sujetos a sanciones por Washington. Esa tensión obliga a revisar protocolos institucionales y a preguntar hasta qué punto las universidades deben priorizar cumplimiento legal estadounidense, defensa de la libertad de cátedra y autonomía académica.

En lo inmediato, el desenlace dependerá de si los organizadores logran un nuevo recinto o llevan la disputa a tribunales, lo que podría forzar una interpretación judicial sobre el alcance de las sanciones en espacios académicos. A mediano plazo, el episodio promete reavivar el debate global sobre la coherencia entre políticas de sanciones y libertades civiles, y poner a prueba la capacidad de las universidades, en EE.UU. y en la región, para proteger el intercambio intelectual ante presiones legales y políticas.