En una columna, Patricio Cartagena D., presidente de CAMMIN y abogado, ex vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), sostuvo que el avance del litio en Chile exige una institucionalidad pública clara y permanente. El argumento parte de la Estrategia Nacional del Litio, que fijó metas de producción, asociación público-privada y captura de mayor valor, y que incluyó la idea de crear una Empresa Nacional del Litio como instrumento de largo plazo.

Esa propuesta, sin embargo, no se ha materializado. Hoy las funciones relacionadas con el litio están dispersas entre el Ministerio de Minería, la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, Codelco, la Empresa Nacional de Minería, Enami, y el Comité de Salares, cada uno con mandatos parciales, capacidades distintas y horizontes institucionales propios. "La dispersión de competencias no es un detalle administrativo", escribe Cartagena, para subrayar que esa fragmentación complica la priorización de proyectos y la relación con inversores globales.

El autor apunta además a experiencias concretas: Codelco ha sentado bases en los salares de Atacama y Maricunga, mientras Enami ha impulsado iniciativas en salares menos conocidos. A su juicio, es razonable que ambas empresas vuelvan a concentrarse en sus roles históricos, en vez de sostener indefinidamente funciones fuera de su mandato central. Codelco, la cuprífera estatal, enfrenta exigencias en proyectos estructurales de cobre y en la sustentabilidad de su producción. Enami, la empresa estatal de fomento a la pequeña y mediana minería, cumple un rol distinto e insustituible.

En ese contexto, Cartagena advierte que sin una institución con mandato claro será difícil sostener una política de Estado para un sector de alta complejidad técnica y financiera. Una entidad centralizada y moderna debería priorizar proyectos, acelerar decisiones y negociar con escala frente a socios internacionales, según el diagnóstico presentado.

La discusión llega en un momento de mayor dinamismo internacional y tensiones sobre áreas de interés. Recientes sondajes en Namibia, donde perforaciones en el proyecto Lithium Ridge hallaron litio de alta ley, y observaciones de empresas como Minera Zaldívar y la firma Wealth a procesos por el Salar de Atacama, muestran que la geografía del litio y la presión inversora se están ampliando. SQM Australia, la filial australiana de la chilena Sociedad Química y Minera de Chile, aparece en proyectos vinculados al extranjero, lo que refuerza la necesidad de reglas y una contraparte estatal única que represente los intereses del país.

Históricamente, recursos estratégicos han requerido instituciones capaces de mantener políticas de Estado, con ejemplos en la minería del cobre y la existencia de Codelco como actor estatal. El precedente muestra que sin claridad institucional se repiten conflictos, solapamiento de competencias y retrasos. Quien ganaría con una nueva institucionalidad sería el ciudadano, si esta logra capturar mayor valor y entregar certeza regulatoria; perderían, en la práctica, los arreglos temporales y la fragmentación que hoy benefician la flexibilidad pero no la coherencia a largo plazo.

El diseño concreto queda por definirse. Los próximos pasos involucran al Ministerio de Minería, al Congreso y a los actores estatales y privados, que deberán acordar mandatos, mecanismos de gobernanza y la forma en que el Estado participa en asociaciones público-privadas. Sin ese marco, advierte Cartagena, el desarrollo del litio corre el riesgo de ser errático y de no aprovechar plenamente su potencial para la economía y la ciudadanía.