Cristián Araya Fernández, exgerente de Banchile y expresidente de Tanner Corredores de Bolsa, presentó el pasado viernes un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la Comisión para el Mercado Financiero. La acción, firmada a nombre de su sociedad Inversiones Kraaf SpA, impugna resoluciones del regulador que interpretan la prohibición de transacciones ficticias.

A fines de enero la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante CMF, informó que aprobó una interpretación general sobre operaciones que podrían vulnerar la prohibición contenida en el artículo 53 de la Ley N°18.045, la Ley de Mercado de Valores. Araya reclama contra dos resoluciones, dictadas el 26 de enero y el 20 de febrero, en las que se rechazó su petición, y solicita además la suspensión de los efectos del acto impugnado.

En un escrito de 32 páginas, patrocinado por los abogados José Clemente Coz y Salvador Vial, Araya sostiene que la CMF se ha excedido en sus atribuciones y ha cambiado la forma de operar en la Bolsa de Comercio de Santiago. "La Comisión se ha extralimitado, ha obrado de espaldas a sus potestades legales y, con ello, ha vulnerado abiertamente el principio de juridicidad y, en concreto, el de reserva legal que rige en esta materia", dice el reclamo.

El exejecutivo advierte que la interpretación del regulador transforma conductas de mercado ordinarias en ilícitos nuevos, con consecuencias pecuniarias y penales. En el reclamo aparece la imagen extrema de esa consecuencia: "bastaría que un inversionista hiciera dos compras y una venta de un mismo título en 3 días consecutivos para pasar los siguientes 20 años de su vida tras las rejas", escribe Araya, para subrayar lo que considera una interpretación desproporcionada.

La disputa pone sobre la mesa un choque clásico entre la necesidad de las autoridades de prevenir prácticas que dañen la integridad del mercado y el principio de reserva legal, que exige que las conductas penales o sancionatorias estén claramente definidas por ley. Araya acusa a la CMF de convertir una actividad interpretativa en una suerte de creación normativa sin la base legal que exige la materia.

La CMF comunicó públicamente la aprobación de su interpretación en enero, y sus resoluciones rechazando a Araya figuran como actos administrativos explícitos. El reclamo presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago abre ahora la vía judicial para que un tribunal determine si la Comisión actuó dentro de su potestad interpretativa o si, por el contrario, invadió la esfera normativa que corresponde al Congreso.

Más allá del pleito puntual, el caso tendrá efectos prácticos en cómo operan intermediarios y inversionistas en la Bolsa de Comercio de Santiago, y podría establecer límites sobre el alcance de la fiscalización y la sanción administrativa en el mercado de valores chileno. La Corte deberá definir los próximos pasos procesales y resolver si concede o niega la suspensión solicitada por Araya, acto que definirá el alcance inmediato de la interpretación de la CMF.