Donald Trump acusó a las grandes compañías petroleras de cobrar precios abusivos y ordenó al Departamento de Justicia de EE.UU. que abra una investigación de inmediato.
El presidente lo anunció a través de Truth Social, su plataforma de redes sociales. "Las grandes compañías petroleras no están bajando los precios en el surtidor en proporción a la fuerte caída de los precios que pagan por el petróleo. Se está cobrando un precio abusivo a los consumidores", escribió.
El argumento de Trump tiene un trasfondo político claro. El costo de la gasolina se ha convertido en uno de los factores que más daña su aprobación: los ciudadanos lo sienten directamente en cada carga de combustible, y el presidente necesita un responsable visible.
Usar el Departamento de Justicia para presionar a una industria sobre sus márgenes comerciales es, sin embargo, un movimiento poco convencional. La agencia fue creada para perseguir conductas delictivas, no para regular precios de mercado. Que el petróleo crudo baje sin que la gasolina siga el mismo ritmo es un fenómeno conocido. Los costos de refinación y distribución no se ajustan tan rápido como el precio del barril. Eso no equivale a una conspiración criminal.
Trump no mencionó ninguna empresa específica en su publicación. Tampoco presentó evidencia de una conducta coordinada entre compañías, que sería el requisito legal básico para una investigación antimonopolio.
El Instituto Americano del Petróleo, que agrupa a las principales compañías del sector en EE.UU., respondió con cautela. Dijo que la industria "comparte el objetivo de aliviar la presión sobre los precios de la gasolina", sin abordar la acusación de precios abusivos. El Departamento de Justicia no ha confirmado el alcance ni el calendario de la investigación.
