La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) respondió al informe de la Contraloría General de la República (CGR) que señala que múltiples municipalidades desembolsaron más recursos en celebraciones que en asistencia social a personas naturales. El mensaje llega en medio de una controversia que cruza la labor de transparencia y la gestión local, tema que la entidad ha puesto en el centro del debate público.

Desde la ACHM reconocen y valoran el rol de la Contraloría en fortalecer la gestión municipal, pero advierten que las propuestas surgidas, aprovechando casos puntuales, buscan imponer medidas generalizadas que perjudican a la totalidad de los municipios y, por ende, a millones de vecinos. Sin embargo, rechazamos con firmeza las propuestas que, aprovechando casos puntuales, pretenden imponer medidas generalizadas que perjudican a la totalidad de los municipios del país. Estas iniciativas, sostienen, revelan un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado y constituyen un retroceso para la descentralización y la justicia territorial.

La ACHM añade que los problemas deben enfrentarse con más y mejores mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, y no con medidas populistas que castiguen a quienes cumplen su labor con honestidad y compromiso todos los días. Los problemas deben abordarse con más y mejores mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, no con medidas populistas que castiguen a quienes cumplen su labor con honestidad y compromiso todos los días.

Chile necesita avanzar hacia un municipalismo más fuerte, con mayores atribuciones y recursos, sostienen, para no alejar al Estado de las personas. En ese sentido, la agrupación realizó un llamado urgente al Congreso Nacional para cumplir con su responsabilidad y acelerar la tramitación del Proyecto de Ley de Integridad Municipal, en trámite desde 2021. No hay justificación para seguir postergando esta reforma, concluyó la ACHM en su comunicado.

La discusión continúa a la espera de respuestas oficiales y de un marco que permita equilibrar control, gasto público y autonomía local en el país.