La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló este domingo el fallo del Primer Tribunal Ambiental de febrero de 2025 que obligaba al Comité de Ministros a realizar una nueva evaluación del proyecto Dominga, en La Higuera, Región de Coquimbo. La determinación reabre un capítulo jurídico de un asunto que lleva más de una década en tramitación.

A través de un comunicado, Andes Iron, la empresa responsable del proyecto, expresó su “sorpresa y desilusión” por la decisión y afirmó que la sentencia es sólo de carácter procesal. En la misiva la compañía agregó que “en ningún caso esta decisión nos desanima ni altera nuestra convicción de seguir adelante con el Proyecto Dominga”.

La empresa sostuvo que la resolución de la Corte es “estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto”, y subrayó que, a su juicio, Dominga ha superado revisiones rigurosas y que la justicia ambiental y los procesos administrativos han señalado que cumple con la normativa aplicable.

Andes Iron insistió además en que la resolución se refiere específicamente al pronunciamiento del Tribunal Ambiental de febrero de 2025, y no a la decisión previa de diciembre de 2024, que según la compañía había declarado nulo lo resuelto por el Comité de Ministros por considerarlo ilegal. La empresa adelantó que analizará con detención las alternativas jurídicas previstas en la institucionalidad, y afirmó estar convencida de que el fallo de la Corte de Apelaciones no se alinea con el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni con la legislación aplicable.

Es pertinente recordar que el Comité de Ministros es la instancia colegiada del gobierno que decide, entre otras materias, reclamaciones y resoluciones ambientales. La disputa judicial alrededor de Dominga ha puesto en tensión ese mecanismo administrativo, la interpretación de la normativa ambiental y la forma en que se ponderan impactos ambientales frente a expectativas de inversión y empleo local.

El caso Dominga, que la propia empresa describe como “uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”, vuelve así al centro del debate público. Si bien Andes Iron promete seguir adelante y apela a la legalidad y al desarrollo regional, la decisión de la Corte de Apelaciones deja abierta la agenda: más recursos legales, nueva disputa política y, nuevamente, la necesidad de dirimir cómo se concilian la protección ambiental y los proyectos de inversión en la costa de la Región de Coquimbo.

Los próximos pasos formales son que la compañía concrete las acciones judiciales que propondrá y que las instancias administrativas y judiciales definan el alcance procesal de esta anulación. Mientras tanto, el conflicto seguirá siendo un termómetro de la relación entre empresas, comunidades locales y reguladores ambientales en Chile.